Acuse de recibo
Me escribe indignada la doctora Aracelis Rodríguez Virreyes, directora del Policlínico Universitario de la Familia César Fornet Futo, y residente en calle Torrentera, edificio 1, apto. 4, en la localidad holguinera de Banes.
Cuenta Aracelis que hace cuatro años, como médico que cumplió misión en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se le otorgó el apartamento donde vive, como parte de dos edificios de cuatro viviendas cada uno. Y comenzaron a tener dificultades, en vez de alivio, por problemas en la instalación hidrosanitaria.
Con el paso del huracán Ike en septiembre de 2008, fue afectada la capa impermeabilizante de la cubierta del inmueble. Desde entonces comenzaron a gestionar la solución, hasta que les informan que es responsabilidad de la ECOA 19 (Empresa Constructora de Obras de Arquitectura) la reparación y culminación de la obra. Según la Dirección Municipal de la Vivienda, aún se encontraba en garantía.
La doctora logró comunicarse en la ECOA 19 con el ingeniero Roberto Álvarez, encargado de la obra. «Nunca me ofreció una respuesta convincente —afirma—, aunque de hecho siempre afirmó que sí eran responsables y debían acudir a culminar la obra y reparar lo mal hecho».
El ingeniero le ofreció una visita para realizar un levantamiento de todo lo dañado en el edificio.
Y esa visita llegó… a los cuatro años, el 6 de mayo de 2012. «En dicha visita nos volvió a engañar —señala—, pues fueron tres trabajadores y retiraron el resto del impermeable que le quedaba (a la cubierta), alegando que se lo cambiarían por completo utilizando un material que ya tenían en su poder. Que lo pondrían al día siguiente. El día siguiente, estimado Pepe, en el momento que le escribo, aún no ha llegado».
Asegura la doctora Aracelis que la historia la conocen el delegado del Poder Popular, el Presidente del Consejo Popular, el Vicepresidente del Consejo de la Administración Municipal para los asuntos de la construcción y otras autoridades.
«Esta situación —apunta— no solo me está afectando a mí, sino a las demás familias que conviven en dicho edificio. Hasta el momento se me dificulta habitar mi apartamento por las filtraciones existentes y producto de las lluvias, lo que ha provocado se me dañen equipos y muebles. En mi municipio no se me ha dado la atención y respuesta que creo que merezco».
Rosa Segredo Pérez (cuartería Martí No. 139 entre Lino Pérez y Dagoberto Cubela, Camajuaní, Villa Clara) es una anciana que, junto a su esposo, denuncia lo que consideran es un engaño, y solicitan que la Dirección de Vivienda y el Gobierno municipal respondan por ello.
Refiere la señora que el 8 de marzo de 2009, la brigada de construcción local convenció a las diez familias que residen en esa ciudadela —integradas en su gran mayoría por ancianos y niños— para que desocuparan sus locales y se instalaran en casas de familiares, mientras los inmuebles eran rehabilitados. Aseguraron que en seis meses tendrían sus nuevas viviendas. La cuartería fue derrumbada.
Comenzaron las obras en 2011, y quedaron truncas apenas en el primer piso. «Cuando no falta la cabilla —señala—, es porque no tienen cemento, o si no terminan otras obras con nuestros materiales. Porque no hay decisión entre los albañiles, que no quieren trabajar por tan bajo sueldo. Y ahora, por último, ninguno de ellos sabe hacer escaleras que van para el dormitorio. Es una mentira tras otra; no sabemos qué hacer. Escribo por diez familias desesperadas que no tenemos solución.
«Si no tenían recursos, ¿por qué nos engañaron? ¿Por qué nos llevaron al almacén y nos enseñaron que todo lo que hacía falta para la obra se encontraba allí? ¿A quién nos dirigimos ahora, si en nuestro municipio no nos dan solución?
Lo vergonzoso de todo es que tan penosa historia la han hecho saber a las autoridades municipales y otras instancias superiores. Y todo sigue igual.
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