Acuse de recibo
Desde Calle 22 nro. 2717, entre 27 y 29, Pedro Betancourt, Matanzas, me escribe Víctor Prado, quien lleva rato tratando de descubrir por qué en la provincia yumurina no se puede acceder hace más de un mes al close caption, esa bendición tecnológica que permite a los sordos e hipoacúsicos en general, leer en la pantalla de televisión los parlamentos.
Al menos el 5 de agosto, cuando me escribió, el close caption permanecía ausente por esos lares desde finales del pasado mes de junio.
Entonces, Víctor llamó precisamente al área del ICRT que garantiza ese servicio, y allí le respondieron que ese sistema funcionaba todos los días, por lo cual era un asunto de recepción en Matanzas. Y le sugirieron que se comunicara con la dirección en esa provincia de Radio Cuba, la entidad que garantiza la trasmisión.
El televidente llamó a Radio Cuba Matanzas, y lo reorientaron hacia el puesto de mando de esa entidad. Pero en el puesto de mando, asegura él, «no tenían conocimientos de lo que estaba sucediendo». Le sugirieron que llamara todos los días, hasta poder darle una respuesta definitiva.
Persistente, Víctor no soltó el «bejuco». Y al tercer día, le dijeron que el problema estaba en las zonas que recibían la señal por el canal 9. Y agregaron que ya se les había comunicado a los técnicos, para que dieran solución al problema.
Víctor llama a diario, y siempre es la misma respuesta: es un problema al cual no se le ha podido dar solución. Quince días antes de escribir a esta columna, Víctor llamó a la oficina del director de Radio Cuba. ¡Y la respuesta era la misma!
¿Será que habrán ensordecido los de Radio Cuba? ¿No es posible tributar una información pormenorizada a los beneficiarios del close caption en ese territorio acerca de las causas de la interrupción, y de lo que se hace para revertirla? ¿Habrán enmudecido los de Radio Cuba?
Liudmila Noa (Calle G No. 4, Palo Seco, Guáimaro, Camagüey) cuenta en su carta que sus hijas gemelas de 9 años, desde muy pequeñas padecen el síndrome de mala absorción intestinal, bajo peso, y de hipoganmagleminemia secundaria.
Y por ello deben tener una alimentación estricta y balanceada. Prácticamente desde que nacieron, las niñas recibían una dieta prescripta por el médico, mediante la Oficoda. Pero el pasado 2 de julio, les fue suspendida súbitamente, según le informaron en esa institución de Palo seco.
Cuando Liudmila preguntó por qué, la respuesta consistió en que «es una decisión de instancias superiores». El padre de las niñas fue entonces a la Oficoda municipal, en Guáimaro, y le dieron la misma respuesta, aun cuando la documentación médica está actualizada, y los facultativos expresan que las niñas necesitan de ese suplemento.
Liudmila está inconforme, y con mucha razón. Ella demanda que se le ofrezca una contestación «seria, responsable y valiente, no la manida frase de que son orientaciones de arriba».
Esta es una muestra más de insensibilidad e irrespeto. Sea cual fuera la razón de la supresión de un servicio o beneficio, toda entidad estatal está obligada a informar anticipadamente, con profundidad y con argumentos, las razones de un cambio que va a incidir en muchas personas, por demás enfermas.
Una vez más, se evidencia el daño público de la ausencia de estrategias informacionales en no pocas instituciones que prestan servicio a los ciudadanos. Eso huele a desentendimiento y subestimación de los estados de opinión. La gente merece toda la atención del mundo, y todas las explicaciones, en un tema tan delicado como lo es la dieta de los enfermos.
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