Los «marineros» del Santrina, José Hilario Pujol y Santiago Álvarez, fueron interrogados en la Capitanía de puerto de Isla Mujeres. Foto: Por esto! Ya lo había anunciado, con la jactancia de que es responsable la Casa Blanca, el erupcionado y acérrimo anticubano Armando Pérez Roura, director de Radio Mambí, el día de la oprobiosa salida a la calle de Luis Posada Carriles: «el gobierno de Estados Unidos tiene que anular esas acusaciones».
Algunos días después del trascendido —que debemos al colega canadiense Jean Guy Allard—, todo indica que, en efecto, la claque del terrorista va por más, y quién sabe qué clavijas aprieta ahora para conseguir, como pregonara el vocinglero en su emisora, la excarcelación de otros compinches.
Se trata de quienes, habiendo sido compañeros de viaje de Posada en el yate Santrina y —¡más que eso!— los rescatistas que le introdujeron ilegalmente en territorio de Estados Unidos, pretenden, como él, salir del entuerto limpios; sin una brizna.
Primero fue la noticia de la reducción de las irrisorias penas que pesaban sobre dos de aquellos improvisados «marineros»: Santiago Álvarez Magriñat y Osvaldo Mitat, presos por hallárseles en posesión ilegal de un enorme alijo de armas y explosivos, y cuyas sentencias fueron disminuidas después por la «justicia» a cambio de la entrega de unos pocos armamentos.
Ahora, una nota publicada este sábado por El Nuevo Herald informa sobre la posposición hasta agosto de los juicios que deberían celebrarse este mes a José Hilario Pujol y Rubén López Castro —colegas de Posada en sus travesuras terroristas y en la última travesía marítima desde Isla Mujeres—, así como de la vista pendiente sobre Ernesto Abreu quien, si bien no iba a bordo de la embarcación cuando encalló, figuraba como dueño del Santrina en los papeles.
Pero sintomático no es solo la postergación de las vistas, que se acordó por decisiones separadas en procesos diferentes —y una de las cuales debe agradecérsele a la jueza Kathleen Cardone, al parecer, perseguida inexorablemente por las «papas calientes políticas», aun después de su escandalosamente inédito dictamen cuando desestimó los cargos sobre Posada.
Lo que más debe fijar la atención es el argumento brindado por la defensa de Pujol, el abogado Luis Fernández, quien ha expresado que «estamos interesados en encontrar una solución “general” para todos los involucrados en el caso».
¿A qué puede estarse refiriendo el abogado, si no a otra argucia leguleyesca que siga extendiendo la impunidad?
Para ello, desde luego, la mafia de Miami contará con los esfuerzos del principal chantajeado en todo lo referido al terrorismo de Posada: su mentor, la administración Bush. Así lo prueban también las afirmaciones del representante legal de Abreu, quien ha dicho que «la defensa y el gobierno continúan buscando una resolución para el caso».
Una moción de los abogados de Pujol y López Castro había pedido antes que se desestimara la acusación contra ambos, apoyándose en el hecho de que, si habían sido invalidados los cargos contra Posada, también debían serlo las faltas achacadas a sus clientes, pues estas eran una derivación. Pero Cardone replicó que se trataba de cosas diferentes.
Lo cierto es que José Hilario Pujol y López Castro, así como Abreu, Mitat y Álvarez Magriñat, se acogieron todos a la Quinta Enmienda y negaron brindar testimonio durante el fraudulento proceso migratorio contra Posada.
A fin de cuentas, silencio, justamente, es lo que precisa la Casa Blanca. Y viajaran sobre él o no, lo cierto es que todos, incluyendo a la administración Bush, están montados en el mismo barco.
