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La turba de los seguidores de Trump dentro del Capitolio puso en riesgo la vida de congresistas. Autor: AFP Publicado: 23/07/2022 | 10:18 pm
Todo apunta a Donald Trump en las audiencias del Panel de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga los sucesos del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del presidente saliente, bajo el reclamo de fraude, asaltó el Capitolio en un intento de revertir los resultados de las elecciones que le habían dado el triunfo al demócrata Joe Biden.
Ya ese comité —presidido por el representante demócrata Bennie Thompson, y cuya vicepresidenta es la republicana Liz Cheney—, enunció en la primera de seis audiencias públicas que hubo «intento de golpe de Estado» y responsabilizó a Trump, pero la pregunta que flota en el éter es: ¿por qué el Departamento de Justicia de la administración Biden no lo acusa y procesa, cuando el actuar del exmandatario llevó a una grave alteración de la democracia estadounidense y puso en peligro a los representantes de una de sus instituciones principales?
Algunos de esos representantes, los llamados progresistas, claman para que se le juzgue —a pesar de que en su momento pudo esquivar el impeachment—, y ahora sin las potestades presidenciales pueda ser condenado, porque consideran que no procesarlo puede tener graves consecuencias para la democracia, pues cada testimonio en las audiencias está demostrando que la insurrección fue violenta y coordinada para silenciar la decisión de los votantes, el pueblo; y que grupos de extrema derecha discutieron la necesidad de mantener a Trump en el cargo y que este habría apoyado los llamados de la turba de «colgar» al vicepresidente Mike Pence, quien cumplía su función de presidir la sesión de la Cámara que certificaría la victoria de Biden.
Advierten los legisladores del progresismo que si el Fiscal General ha levantado cargos contra más de 850 personas por su participación en los hechos, y si todas las piezas del rompecabezas van tomando su lugar, por qué no hacerlo con el instigador principal.
Cuando las cosas llegan a este punto, las declaraciones recientes a CNN del ex consejero de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, sobre su expresa participación en la organización de golpes de Estado en otros países —una confesión a tener en cuenta, pues también sirvió en los Gobiernos de Ronald Reagan, George Bush y George W. Bush, el hijo—, van sellando el acertijo sobre el personaje en cuestión, a quien más de uno de sus estrechos colaboradores en la administración le advirtió que había perdido las elecciones, entre ellos su fiscal general, Bill Barr.
Pero no escuchó a ninguno de ellos y decidió hablarles a los más extremistas de sus seguidores ante la Casa Blanca aquel «Día de Reyes» cuyo «regalo» estremeció a Estados Unidos y dejó perplejo al mundo, indicándoles la marcha hacia la colina del legislativo, para «luchar como el demonio» por su presidencia, allí donde tenía lugar la sesión presidida por su vicepresidente Pence, quien a ojos vista de Trump resultó un «traidor».
Las recientes declaraciones de Cassidy Hutchinson ante el panel priman entre las más esclarecedoras acerca del grado de empecinamiento y aportación de Trump a los sucesos en su intención de no mudarse de la Casa Blanca, aunque le esperaran algunas de sus mansiones, entre ellas la localizada en la más afín, comprensiva, cálida y floridana Miami, sede de otros grupos extremistas, anticubanos y antibolivarianos, a los cuales Trump sirvió de sobra.
Por más que pretendieron influir e intimidar a la Hutchinson, una asistente principal del jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, esta dejó caer en sus 20 horas de testimonio bombazos de muy alto calibre ante el panel, como que Trump sabía que algunos de quienes le escuchaban el 6 de enero estaban armados y, además demandó protección oficial para esos seguidores y hasta quería marchar junto a ellos para reclamar «su presidencia».
El momento de caos que se describe en los predios trumpianos luego de la elección presidencial de noviembre de 2020, con el entonces presidente insistiendo en su victoria, miembros del personal de la mansión ejecutiva de la avenida Pensilvania, operativos de campaña, miembros de su Gabinete y líderes del Congreso exhortándolo e incluso presionándolo para que admitiera la victoria de Biden y retirara la retórica de que le habían robado la elección, se hizo más agudo aquel 6 de enero y solo impidió su intención de ir al Capitolio la decisión de los guardaespaldas del Servicio Secreto de no permitírselo y la advertencia de Barr de que esa actitud podría llevarlo a ser objeto de cargos criminales.
Hay otros hechos que lo hacen responsable de lo sucedido: no dio la orden de desplegar a la Guardia Nacional ante la gravedad de la situación, no hizo el menor esfuerzo por trabajar con el Departamento de Justicia para coordinar y desplegar fuerzas de la ley, entre otras actitudes contemplativas o de complicidad.
Según la declaración en video del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Mark Milley, fue Mike Pence quien ordenó a las tropas de la Guardia Nacional que respondieran al ataque.
La realidad es que aunque con cada testigo salen a la luz nuevas evidencias de su participación, continúa diciendo que ese 6 de enero «representaba el mayor movimiento en la historia de nuestro país».
Si Trump enfrenta varias posibles acusaciones, ya hay quienes abogan por agregarle una más, la de intimidación a testigos, bajo el título jurídico de estatuto 18 USC 1512 (b), habida cuenta de las presiones ejercidas sobre Hutchison.
La gran decisión
Pero lo peor de todo es que Donald Trump, sin declararlo oficialmente, aspira a reelegirse en 2024 y, haciendo campaña por políticos de su tendencia para cargos de representantes, senadores o gobernadores que se pondrán en juego en las elecciones de medio tiempo del próximo noviembre, hace cruzada para sí.
Acaba de publicar en una entrevista con New York Magazine que su «gran decisión» se anunciará antes o después de las elecciones parciales y añadió que «la gente quiere que corra». El Post informó que Trump ha comenzado a reunirse con los principales donantes para discutir las elecciones de 2024, y su equipo ha instruido a otros a tener una infraestructura en línea lista si lo anuncia pronto.
El promedio de encuestas de RealClearPolitics muestra a Trump muy por delante de sus posibles rivales republicanos, con un promedio del 53 por ciento de los votos, y dobla con creces a quien le sigue en la porfía, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis con el 20,5 por ciento.
A mediados de junio, Trump publicó una refutación de 12 páginas a la audiencia sobre los sucesos del 6 de enero, en la que acusa a los demócratas de crear el panel para distraer al país de los problemas que enfrenta, que en verdad son muchos: «Diecisiete meses después de los eventos del 6 de enero, los demócratas son incapaces de ofrecer soluciones», dijo Trump en el comunicado publicado a través de su PAC Save America, creado en noviembre de 2020 para la recolección de fondos de campaña. «Están desesperados por cambiar la narrativa de una nación fallida», agregó y no pasa la página de sus falsas acusaciones de fraude en las elecciones de 2020.
La «gran decisión» sería no este panel de la Cámara de Representantes que no tiene potestad para juzgarlo, solo investiga y recolecta evidencias del intento de golpe de Estado, sino un proceso judicial y acusaciones fundamentadas por parte del Fiscal General al frente del Departamento de Justicia, Merrick Garland, pero al decir del diario The New York Times, este «no ha dado indicios de que el departamento esté armando un caso contra Trump».
Por supuesto, de trasfondo parece que se manejan las tremendas implicaciones legales y políticas del caso, y quizá temores de que los extremistas seguidores de Trump realicen otras escenas de presión y violencia.
Acaso estén esperando a una mayor cercanía a las elecciones de noviembre de este año o conocer de sus resultados y el apoyo que los resultados puedan darle o no a los políticos apoyados por Trump y al mismísimo Trump, quien como se sabe tiene donantes y abogados para enfrentar el pleito, si se da.
Por ahora, el exmandatario «sigue suelto y sin vacunar», como diría mi abuela.
