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Una militarización que mira al Sur. Autor: AP Publicado: 16/08/2025 | 07:13 pm
LA orden ejecutiva secreta del presidente de Estados Unidos Donald Trump al Pentágono para usar la fuerza militar en el combate a los cárteles de la droga, parece estar muy vinculada a la malintencionada definición de «terroristas» para las bandas del narcotráfico.
A la luz de la conceptualización jurídica, el término «terrorista» no es aplicable ni siquiera en la legislación de EE. UU. al narcotráfico tipificado como delincuencia organizada y delito contra la salud.
Pero Trump —o sus asesores— da una interpretación sui géneris fuera del contexto de las definiciones legales de terrorismo, las cuales están muy claras en las reglamentaciones estadounidenses: la Ley Patriótica (18 USC §2331), la de Seguridad Nacional (6 USC §101), el Título 28 del Código de Regulaciones Federales (§0.85), y en el enfoque del FBI de que «el terrorismo se caracteriza por la motivación ideológica extremista doméstica y la falta de influencia extranjera, por tanto, excluye explícitamente los actos de terrorismo cometidos en EE. UU. que están dirigidos o motivados por grupos extranjeros», según la página web del Congreso.
No es una exageración pensar que catalogar los cárteles de terroristas sea una definición artificiosa de respaldo jurídico a esa orden ejecutiva ilegítima de usar el ejército, la marina y la aviación como si fueran en realidad una amenaza al Gobierno y a la seguridad nacional, y no delincuentes comunes. Pero, además, usar con ese mismo motivo a la fuerza militar dentro y fuera del territorio estadounidense.
La condición de terroristas que se le adjudica a los cárteles es inquietante porque se presta para encubrir acciones violentas contra gobiernos democráticamente establecidos, advierten muchos especialistas.
Curándose en salud, y tomando en cuenta intenciones semejantes en su primer mandato de incursionar militarmente en la ribera mexicana del río Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado por vía diplomática y ,personalmente, el rechazo a la presencia de soldados extranjeros en su territorio, sin menoscabo de una colaboración con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, pero cada uno en su país y respetando la soberanía de cada cual.
La afirmación inicial del New York Times de que «la orden ofrece la base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en aguas y terreno extranjero contra los cárteles», despierta sospechas de segundas y perversas intenciones, tal vez no tanto para México como sí para Venezuela, pues todo coincide con una escalada publicitaria agresiva contra el presidente Nicolás Maduro y un aumento a
50 millones de dólares a quien o quienes posibiliten su captura.
Al hacer el listado de ocho carteles a los cuales Trump cataloga de manera oficial como terroristas, uno de ellos lo sitúa en Venezuela, otro en Haití y el resto en México, y ubica fuera de El Salvador de Nayib Bukele a los Mara Salvatruchas.
El analista militar Dan DePetris, de la organización de investigaciones Defense Priorities, considera que definir los terroristas permite a Trump dar órdenes militares sin contar con el Congreso, incluso invadir un país.
Es lo que, de hecho, admitió el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando asegura que «lo que cambia es que nos da la autoridad legal para apuntar a estos de manera que no se puede hacer si fueran solamente un montón de delincuentes.
«Ya no es un asunto de la policía. Se convierte en un asunto de seguridad nacional», es decir, «utilizar otros elementos del poder de Estados Unidos, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, para dirigirnos hacia estos grupos si tenemos la oportunidad de hacerlo» le dijo Rubio a Catholic Television Network.
Las amenazas de ese hijo de inmigrantes y la orden secreta al Pentágono se imbrican con las acusaciones sin pruebas que vinculan al presidente Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa y lo designan como un capo del narcotráfico.
Eso puede explicar un objetivo siniestro, y en tal sentido son muy importantes los tips que da un personaje nada favorable a Venezuela, el coronel retirado Craig Deare, ex agregado militar en la embajada de Estados Unidos en México en los años 90 y ahora profesor en el Colegio Nacional de Guerra de EE. UU.
Este militar retirado hace referencia a la invasión militar de Panamá en 1989 como un fracasado intento de frenar la entrega del Canal a los istmeños en cumplimiento del acuerdo Torrijos-Crter, donde usaron como cabeza de turco al general Manuel Noruega, acusado de narcotraficante.
«Reconociendo que Causa Justa en Panamá (nombre de la operación) ocurrió en 1989, y también las circunstancias muy diferentes, la política estadounidense ahora podría considerar el uso de fuerza militar bajo ciertas circunstancias», dijo Deare.
«El comentario reciente de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi de calificar a Maduro como ‘uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza a nuestra seguridad nacional’, podría estar preparando el escenario para algún tipo de acción militar», advirtió.
Lo inquietante está en el contexto en el que surge y se desarrolla toda esta trama. En primer término, un despliegue de tropas del Comando Norte a lo largo de 51 kilómetros de la frontera con México, y operaciones de la Marina ,cuyo mando designó la nueva Área de Destrucción de la Frontera en Arizona, para fortalecer la seguridad nacional e impedir la entrada a EE. UU. de migrantes.
Desde finales del mes de marzo están desplegados en aguas internacionales del Caribe dos destructores, el USS Gravely, de la clase Arleigh Burke, y su gemelo el USS Spruance, para «ayudar en la lucha contra el terrorismo», armados con misiles guiados, misiles antiaéreos, cañones y torpedos, y diseñados para cumplir una amplia variedad de misiones, desde aéreas hasta submarinas, según el general Gregory M. Guillot.
Además, hay en curso una remilitarización estadounidense en Panamá mediante nuevos acuerdos con el Gobierno del presidente Raúl Mulino que erosionan la soberanía istmeña, y una estrecha cooperación militar con Trinidad y Tobago.
DePetris, ya citado, aseguró a La Jornada de México, que la CIA está incrementando sus vuelos de vigilancia cerca de áreas infestadas por cárteles, y delibera sobre el posible uso de ataques con drones contra presuntos laboratorios de fentanilo, a pesar de que la Casa Blanca sabe que casi todos los políticos están de acuerdo en que una acción militar unilateral estadounidense en México no será tolerada.
México está consciente de que para acabar con el crimen organizado en el país es necesaria la participación de EE. UU., pero no precisamente en la forma que lo está haciendo Trump.
Todos los grandes jefes del crimen organizado aprehendidos son mexicanos, ni uno solo es estadounidense, aunque han aumentado las incautaciones de armas, pero solo a nivel de decomiso, no de aprehensión de los armeros traficantes.
Las presiones de Trump a Venezuela y México han sido respondidas con la contundencia que se merecen. Caracas se mantiene alerta ante eventuales barbaridades como la de Panamá en 1989, y México ya colocó los puntos sobre las íes sobre la cooperación sin alianzas militares. Solo queda por ahora esperar al desarrollo de los acontecimientos.
