Algunos días atrás, como parte de las medidas implementadas por el Ministerio de la Agricultura (Minag) para la identificación del ganado mayor, comenzó en Quivicán, mi municipio de residencia, el proceso de marca al fuego.
Ciertamente, la Resolución 181/2023
del propio sector, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 58, del 26 de junio de 2023, reconoce, en su capítulo 4to. De la identificación del ganado mayor, específicamente en su artículo 15, que constituyen medios de identificación del ganado los siguientes: a) la presilla metálica; b) la marca al fuego; c) el arete; d) el tatuaje; y e) otros medios de identificación electrónicos aprobados.
Sin embargo, la legalidad de lo aprobado en esa regulación me pareció minúscula ante la evidente molestia y sufrimiento de cada animal, que debió ser marcado no una, sino cuatro veces.
Ese fue el caso de los ejemplares de la finca donde resido, a los cuáles hubo que atar debidamente y
sostener previo al proceso de marca. Otro tanto, imagino, debe haber sucedido con los productores que han debido someter a sus animales a tamaña crueldad.
Entonces, me pregunto ¿por qué se sigue aplicando en Cuba, como manera de identificación, esa variante arcaica y tan dolorosa? ¿No existen acaso, reconocidos por la resolución antes mencionada, otros medios de identificación menos lesivos y traumáticos? ¿No puede el Minag con tantos especialistas talentosos que reúne, idear otra forma que se sume a las ya establecidas y derogar el tortuoso instrumento que se está aplicando?
¿Realmente es la marca al fuego la manera más eficaz de evitar las triquiñuelas que, ciertamente, se suceden entre algunos productores de ganado, de frenar las ilegalidades y los conciliábulos? Aunque lo fuera, solo por el trauma que implica para los depositarios de este procedimiento, no debería continuarse aplicando.
En contraposición a esto, el Decreto-Ley 31/2021 de Bienestar Animal, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 25, el 10 de abril de 2021, asevera en su artículo 32, inciso m, perteneciente al capítulo 5 De los animales de trabajo, «que los propietarios poseedores y tenedores de animales de trabajo, además de satisfacer las necesidades básicas previstas en el artículo 5, están obligados a impedir todo tipo de maltrato síquico o físico, ya sea por golpes, con el uso de instrumentos o diferentes medios que provoquen represión o dolor».
Ahora, ¿aplicamos una norma y desoímos otra? Si no es un medio de dolor la marca al fuego, ¿qué cosa es? Si no es un maltrato físico y síquico, aunque esté establecido por el Ministerio de la Agricultura, ¿cómo puede catalogarse?
¿Acaso los animales, sea cual fuere su especie, no merecen la protección y el bienestar que les asegura el compendio legal antes mencionado? ¿Por el simple hecho de no poder expresarlo no sienten dolor?
¿Habrá que ampliar las definiciones del vocablo animal e incluir, a renglón seguido, en una variante cubanísima la frase: dícese de todo aquel ser humano que, consciente o inconscientemente, inflija dolor, trauma o maltrato a los representantes del reino anteriormente descrito?
¿Cuando se aprobó ese reglamento del Minag no se consideró esta particularidad? ¿Será que aún nadie ha reparado en estas reflexiones que describo? ¿O las disposiciones están para acatarlas ciegamente, sin discusión, aunque provoquen perjuicios para los que deberían ser sus beneficiarios?
Entiendo que, ante el decrecimiento de la masa ganadera, de la especulación de algunos productores y del fraude haya que tomar medidas. Lo que no concibo es que quienes deban soportar la cuota de dolor sean las reses, ni que se viole una legislación tan sensible y útil como el Decreto-Ley de Bienestar Animal.
De continuarse este proceso de marca al fuego, somos nosotros, los seres humanos, encargados de hacer cumplir las normas, quienes mereceremos, con toda justicia, el calificativo de animales.
24
