SE proclamó como «un ideal común para todos los pueblos y naciones» el 10 de diciembre de 1948, cuando solo 58 Estados formaban parte de la ONU. Está traducida a más de 500 idiomas y no podemos olvidar que su Preámbulo comienza con esta aseveración meridiana en sus Considerando: «… la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». También señala acusatoriamente a «los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad».
Los razonamientos del importante documento, fueron proclamados entonces por naciones en su mayoría del mundo «civilizatorio», y algunas de ellas aún conservaban y explotaban colonias; sin embargo, y a pesar de ellas —en las letras del trascendental papel— nos consideró a los seres humanos como iguales, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición» e importante también que no se hará «distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía».
De esa rémora final de párrafo, muchas naciones se independizaron desde entonces, no porque se cumpliera el compromiso de igualdad y dignidad contenido en esta proclama, y se lo ganaron en lucha no pocas veces larga y cruenta, y todavía hay algunas atadas por ese yugo explotador aunque se les llame eufemísticamente «estado libre asociado», «territorio autónomo de ultramar» o «miembro del Commonwealth»…
¿Cuánto por hacer y cómo se viola a diario esta Declaración? Mire usted al mundo y haga su propia lista. No pocos son ostensibles, pero se pretende reducirla a una interpretación minimalista y selectiva de algunos de sus escribanos que se consideran jueces y fiscales del resto de la humanidad.
El hambre y la miseria siguen mostrando la farsa, también el robo de las riquezas patrimoniales de naciones subdesarrolladas sometidas, además, a guerras en algunos casos fratricidas, en cuyas raíces están los intereses del poder económico y político, pero resulta que, invariablemente, son los acusados de quebrar las «normas» establecidas por quienes desconocen culturas, condición política o jurídicas nacionales diferentes en negación total de la otredad personal o social.
Ahora mismo, la nación que se considera «primera» sobre todas las demás, cierra fronteras al libre flujo del colectivo humano y persigue, expulsa y encierra a los migrantes, esos de raza, color, religión y cultura diferente, a quienes sin prueba ni proceso alguno los tilda de «narcotraficantes», «terroristas», o cuando menos «delincuentes peligrosos», degradándoles en su condición humana.
Para miles de esas personas, el presidente de EE. UU., Donald Trump, arrendó un campo de concentración en El Salvador, y proyecta encarcelar hasta 30 000 migrantes en otro, dentro de la Base Naval ubicada en una extensa porción de la bahía de Guantánamo, territorio de Cuba ilegalmente ocupado desde 1903.
Estarán cerca de la que aún mantiene como la principal de las cárceles secretas de la CIA y el Pentágono, creadas por todo el mundo en la «guerra contra el terrorismo» iniciada por George W. Bush, el hijo, para los que definieron como «combatientes enemigos ilegales», con el fin de no concederles los derechos reconocidos a los prisioneros de guerra.
«Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», dice la Declaración de los Derechos Humanos, precepto burlado allí, donde aún permanecen sin juicio y de manera indefinida unos 40 prisioneros. También —por casualidades de la Historia—, existe otra flagrante violación desde hace más de cien años, cuando el 10 de diciembre de 1903 se instaló la base naval y carbonera según el tratado forzoso firmado el 16 de febrero de ese año por los presidentes Tomás Estrada Palma y Theodore Roosevelt.
Así ocuparon 117,6 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, «cedidos» bajo coerción a un ejército interventor —por tanto ilegítimo según el derecho internacional— en «arrendamiento perpetuo» en virtud de la también impuesta Enmienda Platt a la Constitución de una República nueva, pero cercenada en su soberanía hasta el 1ro. de enero de 1959.
Entonces, cuando se hable de derechos violados, el mundo puede mirar hacia ese punto usurpado del sur de Cuba, primer y oneroso quebranto de las relaciones internacionales, donde pueden estar retenidos indefinidamente, sin cargos ni juicio, miles de seres cruelmente discriminados por Estados Unidos, aunque la Declaración que se recapitula hoy diga: «Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado».
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