Los laberintos de la propiedad

Para Mariana Alonso Torres, la transferencia de funciones de una institución como la Vivienda para Planificación Física, no ha mejorado en lo absoluto los enrevesados procedimientos burocráticos que tanto han sufrido los ciudadanos. Al menos, ella no ve mejoría.

Cuenta Mariana que vive en el kilómetro 4,5 de la carretera de Puerta de Golpe, en el municipio pinareño de Consolación del Sur. Y en enero de 2015 comenzó a gestionar el «papeleo» de su casa, que está hecha desde 1983, y de la cual no tiene propiedad.

La vivienda, dice, está en muy malas condiciones: el techo está partido y se está hundiendo. Mas, para que le den una licencia constructiva y acometerla con recursos propios, requiere legalizarla.

Lleva ya en el proceso más de un año y seis meses. Y nada. El 12 de abril en Vivienda le dijeron que ya no tenían que ver con eso, ahora era Planificación Física. Que tenían un mes para visitarla y seguir con los papeles.

Mariana ha ido tres veces a Planificación Física, y «allí nadie puede darte una respuesta; me dijeron que la recepcionista es la que informa a la población, y esta, en los días que he ido, no ha estado.

«Sigo esperando. Comenzó la temporada ciclónica, y también la lluvia. Cuando llueve por la noche no podemos dormir, porque todo se moja. Temo que se caiga y me mate a los muchachos», advierte.

Precisa que en Planificación Física solo ha recibido maltratos del director y del inspector que en ese momento atendía la zona. «Me pregunto —plantea— hasta dónde es la irresponsabilidad y la demora de quienes tienen que ver con el proceso. ¿Debo esperar a que la casa se caiga para que me den los dichosos papeles? ¿Y dónde vamos a construir entonces, debajo de un puente?».

Y la propiedad de los laberintos…

Igualmente maltratados se sienten, junto a sus respectivas familias, Luis Francisco Mur Varela, Angela Miozotes Castro, Liudmila Bárbara Díaz y María Esther Pérez.

En 2012, y por serios problemas habitacionales, las cuatro familias fueron ubicadas gubernamentalmente en calidad de tránsito, en locales del municipio capitalino de Plaza que habían pertenecido a jardines de la infancia.

Luis Francisco en lo que fuera Forjadores del Futuro, B 401, entre 17 y 19; Ángela en Mariposas de Colores, 41 No. 258, entre 24 y Conill B; Liudmila, en Ricitos de Oro, 17 No. 258, y María Esther en Ismaelillo, Calzada 473, entre E y F.

En noviembre de 2013, afirman, el Consejo de la Administración Municipal de Plaza acordó otorgarles esos locales como solución definitiva de vivienda, para que pudieran habilitarlas como tales. Y comenzaron las obras, por el Contingente 26 de Julio, las cuales terminaron en 2014. El Gobierno municipal inició trámites para el cambio de uso de dichos locales.

«Hasta la actualidad —dicen— hemos tenido infinidad de reuniones con el Gobierno municipal, Planificación Física en el municipio y la provincia y Vivienda municipal, entre otros. Hemos presenciado cambios de Gobierno y de directores de entidades que han tenido que ver con el proceso. Y cada vez que eso sucede, volvemos al punto cero en cuanto a la entrega de la propiedad».

En esta angustiosa espera, refieren, han sido testigos de extravíos de documentos, incluso de expedientes completos que ha habido que conformar de nuevo. Y en agosto de 2015 se entrevistaron con el actual presidente del Gobierno en Plaza, pero no se solucionó el problema. En enero de 2016 volvieron a reunirse con el presidente del Gobierno de Plaza, quien les explicó que la documentación tenía que pasar por un largo proceso, al Consejo de la Administración Provincial (CAP); del CAP al Ministerio de Economía y Planificación, y de allí era que retornaba al municipio, para que Vivienda entregara la propiedad.

Y ante tanta demora, en el CAP les explicaron que los locales de Educación que les fueron entregados no son competencia de la provincia, sino del municipio.

«Es en ese punto donde está detenido nuestro proceso —apuntan—. Ya nadie está claro de cómo seguir, pues ahora dicen que hay que volver a pedir a Educación las cartas de desafectación de los locales que desde hace dos años entregó al Gobierno municipal la Dirección Municipal de Educación de Plaza.

«¿Quién nos dice la verdad? ¿Cuándo tendremos claridad en nuestro proceso? ¿Dónde están nuestros expedientes? ¿Hasta cuándo dilatar la entrega de la propiedad?», preguntan.

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