Mandos universales y revendedores locales

En un abrir y cerrar de ojos, como si una mano invisible estuviera teletransportándolos, los mandos de control remoto universales que llegaron a Moa, Holguín, para su venta en las TRD del municipio a un precio de 5.00 CUC, pasaron de las tiendas estatales a los revendedores particulares, quienes «generosamente» les duplicaron el precio.

Lo cuenta el lugareño Germán Gómez Fuentes (edif. 9, apto. 34, reparto Caribe, Moa), quien opina que el lamentable suceso daba la impresión de que dichos dispositivos fueran importados especialmente para surtir las arcas de los inescrupulosos revendedores.

Recuerda Germán que en espacios informativos de la televisión se habló de los aparatos, y se comentó que habían sido traídos de China y poseían la calidad necesaria para resolver las necesidades en este particular, sin embargo, los más «listos» de su municipio no los dejaron casi llegar a las TRD. «Quisiera que esto fuera analizado por los organismos que tienen que ver con ello y se tomen medidas al respecto», demanda el remitente.

Aunque la solución definitiva a estos entuertos pasa por lograr sostener una oferta estable del producto que sea; en tanto esta llega, han de adoptarse y chequearse las disposiciones imprescindibles para cortarles el juego a los pillos. Y que todos los que «se salpiquen» de la pillería, conozcan la severidad de la justicia.

Yuliet y los suyos ya con solución

Como hemos explicado otras veces, en el afán por publicar la mayor cantidad de quejas y opiniones, a veces las respuestas —parte indispensable en este diálogo ciudadano— se nos van atrasando. Es el caso de la de hoy, recibida en JR el pasado 22 de junio.

Luego de un derrumbe total, la aprobación de un subsidio y la construcción de su casa en el lugar donde le fue aprobado por Vivienda, la holguinera Yuliet Reynaldo García (Guarapera Las Pasas, s/n, Levisa), llevaba tres meses esperando le instalaran la electricidad. La traba, al parecer, dependía de la colocación de un poste por la Empresa Eléctrica de su zona.

Las gestiones de la familia al respecto habían sido infructuosas. Y lo más delicado es que los cuatro miembros de la casa: los dos hijos de la remitente, su mamá y ella misma, padecen de severas condiciones de salud. La misiva vio la luz en Acuse el 29 de abril de 2017.

Al respecto contesta María de los A. Hidalgo Morejón, directora de la UEB Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Provincial. Informa la funcionaria que a Yuliet se le concedió un permiso de construcción en un barrio en desarrollo, y que, en este, el Instituto de Planificación Física «otorgó la microlocalización prescindiendo de los criterios de nuestros especialistas, los cuales forman parte del Órgano de consulta. Las nuevas viviendas que se edificaron en esta zona están fuera de las normas establecidas en cuanto a la distancia que debe existir entre un inmueble y la línea de distribución, como es el caso de la promovente, cuya vivienda se encuentra a más de 50 metros».

Precisa la Directiva que «cuando se concilia con la empresa se procede a incluir en los planes de inversiones para extender la línea secundaria y normalizar el servicio a las viviendas que allí se construyen, cuestión esta que al omitirse trajo como consecuencia retrasos en la ejecución del nuevo servicio»…

Teniendo en cuenta la compleja situación de esta familia y que la casa se levantó «bajo todos los requisitos legales», el Consejo de Dirección de la UEB Mayarí acordó dar una solución paliativa al problema, «consistente en extender un conductor desde un punto de apoyo cercano hasta su domicilio, hasta tanto se realice la inversión requerida, la cual normalizaría el sistema de distribución en el barrio», señala la ejecutiva.

Y finaliza la misiva, apuntando que este compromiso contraído con Yuliet y su familia se ejecutó el 1ro. de junio pasado. Agradezco la contestación, y mucho más que ya la familia tenga al menos una solución temporal. En casos como este en que la mala praxis de una entidad estatal termina afectando a un ciudadano, debería implementarse —tanto lo hemos dicho— un mecanismo de indemnización para resarcir, al menos de forma material, los sinsabores y disgustos. Cuando esto ocurra, cada quien con responsabilidad institucional cuidará más sus acciones.

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