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El estadio Cairo se volvió un infierno. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:17 pm
El Cairo, febrero 2._ Opositores a la Junta Militar organizaron este jueves marchas de protesta contra la policía y el Gobierno por su presunta inactividad en los enfrentamientos registrados tras un partido de fútbol, causantes de 74 muertos, según datos oficiales, informó PL.
Miembros de movimientos que protestaron en las últimas semanas en la plaza Tahrir de El Cairo prepararon una caminata hasta el cuartel general de la Policía, el Ministerio del Interior y el parlamento para denunciar el creciente vacío de seguridad en Egipto.
Grupos de hinchas considerados ultras de Al-Ahly (equipo cairota) dejaron a un lado las frecuentes rivalidades con los Caballeros Blancos del equipo Zamalek y reprobaron la débil actuación de las fuerzas de seguridad en el juego de anoche que terminó 3-1, a favor de Al-Masry.
Los seguidores de ambos seleccionados se organizaron para marchar a la sede de la Asamblea del Pueblo y condenar el comportamiento de la policía, acción paralela a otras dos marchas hacia los ministerios del Interior y de Defensa con iguales propósitos.
Diversos sectores sociales y políticos responsabilizaron a las fuerzas de seguridad y a sus máximos responsables, los generales del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA), por los hechos desatados tras un tope entre Al-Ahly y Al-Masry en Puerto Said.
Muchos egipcios valoraron los lamentables sucesos como parte de la esperada violencia de fanáticos o hooligans, común en Egipto, aunque le incorporaron ribetes políticos, dada la delicada situación que vive esta nación árabe tras el derrocamiento de Hosni Mubarak.
Al amanecer de este jueves, cientos de cairotas se concentraron en la estación de trenes de Ramsés para recibir a seguidores de Al-Ahly que llegaban de Puerto Said, varios de ellos heridos, tras lo que se considera el peor y mayor desastre en la historia del fútbol egipcio.
De forma simultánea, el CSFA sesionó hoy de emergencia presidido por su jefe, el mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi, y el parlamento escuchó intervenciones de varias autoridades, incluidos el primer ministro Kamal Al-Ganzouri y el titular del Interior, Mohamed Ibrahim.
Muchos de los activistas aprovecharon la tragedia para intensificar las demandas a los diputados a fin de que gestionen una transferencia inmediata del poder de los militares a una autoridad civil.
Al-Ganzouri, por su parte, aceptó la renuncia del gobernador de Puerto Said, Mohamed Abdulah, quien antes había cesado al jefe de Policía de la provincia, mientras el presidente de la Cámara Baja, el islamista Mohamed Katatny, calificó lo de anoche de masacre.
Las autoridades aseguraron que interrogan a 51 detenidos bajo sospechas de urdir los choques, la Fiscalía General realizó una inspección al lugar de los sucesos, mientras legisladores llamaron a destituir y juzgar a oficiales y policías por la escasa seguridad.
A su vez, el Partido Sufí pidió cancelar las celebraciones por el cumpleaños del Profeta Mahoma, y el Partido Libertad y Justicia (PLJ), de la Hermandad Musulmana, acusó a una mano invisible de causar la violencia, además de criticar la negligencia de las autoridades.
El PLJ, la principal fuerza política en el hemiciclo, dijo temer que algunos oficiales estén castigando al pueblo por su revolución y por querer privar a los militares de su habilidad para actuar como tiranos y restringir sus privilegios.
Políticos como el candidato presidencial Hamdeen Sabbahi valoraron lo ocurrido como una «emboscada planeada contra los grupos de ultras de Al-Ahly por su prominente rol en la revolución del 25 de enero de 2011, ya que son muy activos en las movilizaciones en Tahrir».
