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COVID-19 en Europa. Autor: Reuters Publicado: 24/09/2020 | 11:41 am
A partir del próximo lunes agentes tanto del Ejército, como de la Policía Nacional y la Guardia Civil, se desplegarán en todas las zonas de la Comunidad de Madrid en las que están vigentes restricciones de movilidad, de aforo y de reuniones sociales para luchar contra la pandemia de coronavirus.
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado este jueves que atenderán así las peticiones del Gobierno regional, encabezado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que solicitó refuerzos policiales para garantizar el cumplimiento de las limitaciones.
Durante una entrevista en Onda Cero, Franco también ha aludido a la posibilidad de que se amplíen las restricciones a otros puntos de la comunidad, más allá de las 37 zonas de salud básica en las que actualmente están vigentes y que se sitúan, mayoritariamente, en zonas obreras y con menor poder adquisitivo.
La Comunidad de Madrid ha diagnosticado más de 50 000 positivos de coronavirus en los últimos 14 días y su tasa está disparada hasta los 772 casos por cada 100 000 habitantes, la más alta de Europa. En la actualidad, el 25 % de sus camas hospitalarias y el 38 % de las de unidades de cuidados intensivos (UCI) ya se encuentran ocupadas por pacientes covid.
En este contexto, el Gobierno regional ya anunció que se encuentra evaluando nuevas zonas que añadir a las que ya sufren limitaciones y que serán dadas a conocer, previsiblemente, este viernes.
Cambio de estrategia en Francia
El avance continuo del rebrote de la COVID-19 en Francia llevó al gobierno a cambiar su estrategia de control, de un enfoque local a uno nacional, en medio de críticas por no consultar a los territorios.
Las estadísticas ratifican el deterioro de la situación epidemiológica en el país, con más de 13 000 nuevos contagios del coronavirus SARS-Cov-2 reportados ayer, una cifra superada por tercera vez en los últimos días, nunca antes registrada desde el comienzo de la pandemia, el 1 de marzo.
Según los datos del portal Santé Publique France, no hay dudas de la gravedad de la crisis sanitaria, con un millar de focos activos de transmisión del patógeno, casi 200 de ellos en hogares de ancianos, 90 de los 101 departamentos clasificados vulnerables y una tasa de positividad respecto a las pruebas de diagnóstico por encima del seis por ciento.
Desde finales de julio Francia lidia con el empeoramiento progresivo de una enfermedad responsable ya de alrededor de 31 500 decesos, ante la cual el gobierno había dejado en manos de las prefecturas departamentales la respuesta.
Tras el Consejo de Defensa del 11 de septiembre, el primer ministro, Jean Castex, encargó a las autoridades locales la adopción de medidas para frenar la propagación del virus, además de admitir la gravedad de la situación e insistir en el llamado a respetar las acciones barrera, como la higiene, la distanciación social y el uso de máscara.
La víspera, el ministro de Salud, Olivier Véran, anunció una postura más dura, reclamada por médicos y especialistas preocupados por la proliferación de la COVID-19, sobre todo en ambientes festivos, pero cuestionada por diputados y alcaldes, que rechazaron su adopción unilateral.
De acuerdo con Véran, los territorios metropolitanos y de ultramar bajo un escenario de avance de la pandemia se clasifican en zonas de alerta (al menos 50 casos por cada 100 000 habitantes), alerta reforzada (150 por 100 000) y alerta máxima (250 por 100 000), con acciones en dependencia del nivel fijado.
El cierre de bares y restaurantes, la limitación de personas reunidas en espacios públicos o participantes en celebraciones, el teletrabajo y la disminución de cinco mil a mil los presentes en eventos, constituyen algunas decisiones.
Por el momento, solo la sureña ciudad de Marsella, la segunda más poblada del país, y el territorio de ultramar de Guadalupe, encajan en el máximo escalafón de alerta, mientras esta capital, Lille, Toulouse, Saint–Etienne, Ruan, Montpellier y otras se ubican en el inmediato inferior.
Las reacciones no se hicieron esperar, y la recién electa alcaldesa ecologista de Marsella, Michèle Rubirola, se declaró en Twitter sorprendida y molesta.
«No nos consultaron, nada justifica en la actual situación sanitaria este anuncio. No acepto que los marselleses sean víctimas de decisiones políticas que nadie puede entender», escribió.
Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista y diputado por el departamento Norte, Fabien Roussel, advirtió en la propia red social que no se produjeron reuniones ni explicaciones para presentar y estudiar las medidas.
Apenas un día antes del anuncio de Véran, el primer ministro Castex había manifestado que el gobierno enfrentará la COVID-19 en un ambiente de confianza y transparencia con las autoridades electas del país.
Reino Unido infectará a voluntarios con coronavirus para probar potenciales vacunas
El Reino Unido planea realizar las primeras pruebas de vacunas contra el coronavirus en el mundo, en cuyo marco unos voluntarios serán deliberadamente infectados con el virus.
«Estamos trabajando con socios para entender cómo podemos colaborar en el desarrollo potencial de una vacuna contra el COVID-19 a través de estudios de desafío en humanos», afirmó una portavoz del Gobierno británico, citada por Reuters. «Estas discusiones son parte de nuestro trabajo para investigar formas de tratar, limitar y, con suerte, prevenir el virus para que podamos poner fin a la pandemia más pronto», agregó.
Previamente, el 23 de septiembre, el Financial Times (FT) reportó sobre las pruebas, citando a personas involucradas en el proyecto. Indicó que los ensayos, financiados por el Gobierno, serán anunciados de manera oficial la próxima semana y empezarán en enero del 2021 en Londres.
Se prevé que a los participantes se les administre un candidato para la vacuna y aproximadamente un mes después los contagien con el virus. Para evitar el riesgo de complicaciones graves, los especialistas usarán remdesivir.
Unos 2000 voluntarios se han inscrito para participar en los estudios, cuyo líder académico presuntamente será el Imperial College London. Se espera que les paguen más de 3 750 libras esterlinas (más de 4 760 dólares).
(Con información de RT y Prensa Latina)
