Las actuales revoluciones marcan un giro en Latinoamérica

Asambleas Constituyentes en Bolivia y Ecuador, y perfeccionamiento de la legislación en Venezuela cambian el curso de la región

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Acaba de darse el primer paso en firme para emprender la nueva etapa anunciada por Hugo Chávez luego de su reelección, pues nada debe enturbiar la proclamación final de la Ley Habilitante, que el Parlamento venezolano acaba de aprobar en primera instancia esta semana...

 La bilis de los detractores se adivina en quienes destacan que la legislación —denominada por el líder bolivariano como «la madre de todas las leyes»— lo autorizará a gobernar «por decreto» durante 18 meses. Pero la figura jurídica está lejos de constituir un instrumento para la imposición.

Por el contrario, se trata de dar sustento jurídico y rápida viabilidad a medidas que adentrarán al proceso en eso que Hugo Chávez ha llamado el socialismo del siglo XXI, un modelo cuya teoría no está totalmente definida aún, pero sí su objetivo práctico: imprimir a la sociedad toda la justicia y la eficiencia posibles para hacer mejor la vida de la gente. El pueblo apoya ese propósito, y ha dado a Chávez carta blanca para que lo materialice.

Sin embargo, es menester otorgar a los cambios legitimidad en la ley. Por eso, luego de la aplastante mayoría de electores que emitió su voto consciente para adentrar a Venezuela en ese socialismo, Chávez ha identificado la Habilitante como uno de los caminos principales hacia la «nueva época», junto a la educación popular, el poder comunal, el rediseño de la geometría del poder y la reforma constitucional: los cinco «grandes motores» —dijo— que acelerarán el tránsito.

Sin embargo, solo las medidas a que aboca la Habilitante resultan lo suficientemente revolucionarias como para significar cambios sustanciales en las estructuras.

La devolución al Estado de sectores estratégicos relacionados incluso con la seguridad y la defensa, y que durante la IV República fueron privatizados, constituye uno de los derroteros más importantes, aunque se estima que los decretos, con fuerza de ley, tendrán incidencia en diez áreas de la vida nacional.

Entre las leyes que deben proclamarse desde el ejecutivo al resguardo de la Habilitante se espera la nacionalización de empresas tan importantes como las de telefonía y electricidad; la refinación del petróleo, y tal vez otras operaciones relacionadas con el crudo, donde tienen participación firmas transnacionales aunque —según ha adelantado Chávez— todavía se les permitirá a estas mantener una minoría de las acciones...

Empero, la Habilitante constituye apenas un adelanto de los cambios que el desarrollo del socialismo demandará en la legalidad de un país con una Carta Magna donde ya están recogidos los principios humanistas y refundadores de la V República.

La Constitución que removió los cimientos en Venezuela cuando el pueblo la aprobó en referendo en diciembre de 1999, respalda solo los primeros pasos de un modelo que se perfecciona y radicaliza según avanza. Por eso ya otra Ley Habilitante, aprobada en noviembre del año 2000, facultó la emisión de decretos como los que instauraron las leyes de hidrocarburos, de pesca y de la tierra: directrices encaminadas a dar al pueblo las riquezas de esos rubros, y que resultaron entonces lo suficientemente radicales como para anunciar a la oligarquía y a Estados Unidos el alcance de lo que solo se conocía hasta ahí por la enigmática denominación de «revolución pacífica».

Fue un paquete que asustó a los explotadores y a sus mentores de afuera, al punto de desatar las huelgas convocadas por FEDECÁMARAS y la traidora dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela: los primeros indicios del desesperado intento golpista de abril de 2002, y del posterior y también fracasado sabotaje petrolero.

La existencia de esa Carta Magna es lo que exime ahora a los bolivarianos de otra Asamblea Constituyente. Pero sí se necesitará precisar algunos acápites o, tal vez, incorporar otros... De ahí el anuncio de reforma constitucional que ya prepara un denominado Consejo Presidencial creado al efecto.

Ello ubica a Venezuela en el mismo ineludible contexto de cambios legales que marca el acontecer en la Bolivia de Evo Morales y signa los primeros pasos de Rafael Correa en Ecuador. En tanto, en Nicaragua Daniel Ortega acaba de anunciar el propósito de reformar la Constitución para instaurar una democracia directa por medio de denominadas Asambleas de Poder Ciudadano...

No es el resultado de una fiebre, como dijera algún analista seguramente trasnochado, porque se hayan «puesto de moda» las Constituyentes en América Latina, sino la necesidad; lo reglamentado está hecho al uso y semejanza de las viejas oligarquías, la derecha y su politiquería corrupta destronada.

Las transformaciones de raíz que hoy hacen de esta una región en plena fragua, materializan revoluciones desde lo institucional que abren una etapa inédita. Abocada, además, a la construcción de un socialismo que se erige y adapta a un entramado nuevo, podría afirmarse también que Latinoamérica está reescribiendo la teoría revolucionaria.

EL PRIMER CORREAZO

Cuando, ante el monumento que simbólicamente marca la línea que divide en dos al mundo, la multitud coreó «Asamblea sí, diputados no» el mismo día de la toma de posesión de Rafael Correa, los ecuatorianos estaban explicitando un respaldo indispensable al mandatario en su misión de enrumbar al país, desconociendo, si fuera necesario, a la vieja partidocracia representada aún en el Congreso. El Presidente tiene su confianza puesta en las consultas populares y los pronunciamientos de la gente.

«Jamás hemos estado jugando», advirtió. «Cuidado, no hagan caso a los agoreros del desastre: no hemos cedido ni un milímetro».

El estatuto para elegir e instaurar a la Asamblea que redactará la nueva Carta Magna de Ecuador fue el segundo de los decretos presentados por Correa, inmediatamente que recibió la banda. El primero estipuló la rebaja en los salarios de los funcionarios públicos —incluyendo el suyo— hasta dejarlos por debajo de los 3 500 dólares, en lo que debe ser solo el primer golpe rudo para limpiar la labor de las instituciones...

Esa consecuencia con sus postulados de campaña ha gratificado al nuevo Jefe de Estado con una popularidad que asciende hoy, según las encuestas, al 70 por ciento, lo que representa un aumento de más de una decena de puntos sobre la cantidad de votos recibidos en las urnas.

Pero ello también grafica el respaldo a una medida sin la cual no podría hablarse de la Patria Altiva y Soberana que el joven mandatario ha prometido.

La Constituyente, y las facultades que tendrán sus miembros para elaborar el cuerpo legislativo que sostendrá a una nación saneada de personajes corruptos y liberada de ataduras financieras y políticas para poder ser llamada, en verdad, independiente, será el vehículo que permitirá materializar también el «que se vayan todos» coreado por los «forajidos», como llamó Lucio Gutiérrez a quienes tomaron las calles en abril de 2004, indignados con el estatus, y lo expulsaron del gobierno.

Claro que elaborar y aprobar la nueva Constitución no será una labor fácil, y surgirán, como es de esperar, las reticencias de quienes resultarán afectados por la pérdida de sus prebendas e, incluso, las preocupaciones de buena fe de los que recibirán beneficios, porque aún se está consolidando en Ecuador la unidad lograda en la urgencia de cerrar el paso a la derecha en la dramática segunda vuelta electoral.

Tomando en cuenta, quizá, los entuertos creados en Bolivia por los asambleístas de la oposición que quieren impedir transformaciones verdaderas, el Estatuto para la convocatoria a la Constituyente en Ecuador especifica que las decisiones en el conglomerado se adoptarán por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos.

Al afirmar que la Asamblea tendrá plenos poderes —o sea, que será originaria y no derivada— se está facultando a los constituyentes para renovar toda la letra del texto constitucional, de manera que el ejercicio no resulte solo un arreglo cosmético. Eso, precisamente, es lo que persiguen quienes en Bolivia tienen entrampada la labor de la Constituyente en el artículo 70 de su reglamento de funciones y no dejan llegar a un acuerdo sobre el modo de votación, al tiempo que fomentan la inestabilidad y llaman al separatismo desde los denominados «comités cívicos» de Santa Cruz, Pando, Benin y Tarija, departamentos que votaron por la autonomía...

Sabedores de que los que apoyan la refundación proclamada por Evo y el MAS no llegan a los dos tercios del total en la Asamblea, los opositores insisten en que los postulados se decidan por esa cifra, y no por mayoría.

El objetivo es entorpecer la institucionalización de las transformaciones que, en este caso, ya fueron emprendidas. Porque la primera y más revolucionaria medida adoptada en el año de gobierno que lleva el ejecutivo del MAS liderado por Evo ha sido la nacionalización de los hidrocarburos, proclamada el primero de mayo pasado por un decreto que exigió y aplaudió luego el pueblo.

LA ÚLTIMA PALABRA

Pero, tanto como la mismísima adecuación de las leyes, a las refundaciones en marcha les resulta imprescindible el apoyo de los pueblos. Ellos trajeron las cosas al punto en que están y tienen el derecho de decir la última palabra. De lo contrario, no podría vanagloriarse América Latina de estar dando paso hoy a sistemas de una verdadera democracia participativa.

Ese debe ser el sustrato sobre el que se erigieron los razonamientos del Presidente boliviano cuando, al hacer el análisis de su primer año de gestión recién inaugurado el 2007, y en plena crisis de la Constituyente por la intransigencia de la oposición, alertó que pese a cualquier contingencia, la refundación será materializada por el Ejecutivo con el respaldo del pueblo...

Porque lo primero que deben entender los adversarios del cambio es que el único poder está en las masas: si no estuviera sostenida por los de abajo, no podría hablarse allí o en alguna otra parte de Revolución .

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