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Los ecuatorianos festejaron el cierre de la campaña electoral con amplias movilizaciones a favor del Gobierno. Autor: Reuters Publicado: 21/09/2017 | 05:09 pm
QUITO, mayo 4.— La campaña electoral previa a la consulta popular del próximo sábado concluyó este miércoles, mientras el presidente Rafael Correa se mostraba confiado de que el proyecto obtendrá un respaldo mayoritario en las urnas, reportó PL.
Más de 11 millones de ecuatorianos votarán para pronunciarse sobre una reforma judicial, la regulación de los contenidos en los medios de comunicación, así como si se penalizará la no afiliación de los trabajadores al seguro social, entre otros temas contenidos en las diez preguntas que serán sometidas al criterio de la ciudadanía.
El presidente Correa ha destacado que la consulta permitirá luchar contra la inseguridad, el crimen organizado y los poderes fácticos que han dominado el país, como la banca y la prensa.
Según Telesur, para presenciar el proceso electoral llegarán a la nación sudamericana entre 60 y 70 observadores internacionales de diferentes organismos de América, que han sido invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Con relación a los posibles resultados del sábado, analistas opinan que Correa tendrá facilidad para implementar las reformas, que también buscan perfeccionar la justicia, en tanto la oposición ha recurrido a diversas maniobras para desacreditar al Gobierno.
Alexei Páez, director de investigaciones del Centro Andino de Estudios Estratégicos, considera que el mandatario tiene un importante capital político, lo cual significa una ventaja sobre los opositores.
Correa lanzó la convocatoria en enero pasado, y al frente del Movimiento Alianza PAIS movilizó a sus fuerzas en toda la nación y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral con un millón y medio de firmas de respaldo, cifra muy superior a la de los principales partidos y movimientos opositores juntos, recordó PL.
De aprobarse la consulta, dijo el despacho, se modificarán siete de 444 artículos (el 1,5 por ciento) que contiene la Constitución aprobada en 2008, en aspectos claves como la reforma sustancial a un sistema judicial calificado de corrupto.
