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Las medidas adoptadas a nivel nacional para el ahorro de electricidad no se aplican porque exista déficit en la generación o porque no haya una potencia suficiente instalada, sino porque el país, en medio de un contexto internacional marcado por una profunda crisis económica, no puede darse el lujo de costear el sobreconsumo detectado en los meses precedentes, señaló durante la mesa redonda de este jueves el vicetitular del Ministerio de Economía y Planificación (MEP), Julio Vázquez Roque.
Añadió que el 50 por ciento del combustible que empleamos va dirigido a la generación de electricidad, y apuntó que Cuba se ha visto en la necesidad de contener el incremento del consumo en el sector estatal porque parte de las ganancias las obtenemos de la exportación del crudo que producimos: «Si no frenamos este despunte se limitaría nuestra disponibilidad de ingresos para hacer inversiones en sectores vitales como la Salud».
La Isla tiene que evitar ese sobregiro —sostuvo— porque ha sufrido afectaciones en sus ingresos por la recesión de las principales economías mundiales, lo que ha incidido en la caída de los precios de nuestros principales rubros exportables y de su demanda.
El descenso del valor del níquel, la disminución de las ventas de productos marítimos y del tabaco, así como la posible picada de los flujos en el turismo y la contracción de ofertas de créditos en el mundo entero, obliga a nuestro país a limitar al máximo sus gastos.
Según el Viceministro del MEP, nuestra principal restricción es de disponibilidad de divisas, a lo que se suman las condiciones difíciles en las que importamos con las presiones que ejerce el bloqueo impuesto por Estados Unidos.
En medio de este panorama —insistió— es imperdonable que en abril y mayo hayamos excedido nuestro consumo en unas 63 000 toneladas de combustible destinadas a la generación eléctrica.
«A este ritmo estimamos que al concluir el año hubiéramos gastado unas 190 000 toneladas más, lo que a su vez hubiese implicado un mayor desembolso cuando no estamos en condiciones de hacerlo».
La ineficiencia, como ya se ha anunciado, se genera principalmente en el sector estatal. Más de 3 000 violaciones detectadas y el desconocimiento de los planes de ahorro en varias empresas han conducido a esta situación.
Por estas razones, comentó Vázquez Roque, tuvimos que diseñar un plan de medidas que, «insistimos, debe desplegarse hasta el nivel municipal y del Consejo Popular, para que el cumplimiento del mismo sea más certero».
En caso de que alguna empresa sobrepase sus límites de consumo o cometa violaciones, se le retirará este servicio; y si ocurren infracciones en el sector residencial también se le cortará «la luz» durante 72 horas al transgresor, en la primera ocasión que se detecten.
