Acuse de recibo
EL 28 de noviembre de 2018, desde la comunidad rural La Comuna, en el municipio pinareño de San Juan y Martínez, Dayán Meléndez Acosta denunció aquí que la cooperativa de créditos y servicios (CCS) tabacalera Conrado Benítez, a la cual está asociado, no había liquidado a sus miembros el dinero de la venta de sus cosechas desde hacía más de cinco meses.
«Es doloroso ver cómo la mayoría depende de ese dinero para sus gastos y el pago de los impuestos, y no se avizora cuándo se nos pagará. Así, la totalidad de los campesinos estamos en la roturación de las tierras y la preparación para la siembra en la nueva campaña 2018-2019, y aún no hemos cobrado la campaña anterior», afirmaba.
El pasado 3 de abril, luego de más de cuatro meses de lo publicado, recibí la respuesta de Antonio López García, jefe de la Oficina de Atención a la Población de Tabacuba, Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba. Y señala que por enormes dificultades en el control in-terno de esa CCS, fue necesario realizarle una verificación económica, la cual arrojó un alto nivel de deficiencias, que tenían incidencia directa en la liquidación a los campesinos, lo que motivó la sustitución de la dirección de la cooperativa.
Ese proceso de verificación, añade, fue presidido por las autoridades del territorio, junto a la dirección de Tabacuba. Una vez concluido, se les pagó a Dayán y al resto de los socios, pues cuentan con el certifico de pago a la CCS por valor de 5 397 106,18 CUP. Solo falta un productor, que solicitó una nueva revisión de sus operaciones.
Agradezco la respuesta y que se haya hecho justicia al fin. Solo queda una duda, que puede ser la de otros: ante asunto de indisciplina económica tan grave, como la falta de control interno, que evidentemente derivó en el desestímulo de esos productores, la verificación realizada, ¿se hizo antes o después de lo publicado aquí? El esclarecimiento de esa duda hubiera ilustrado si realmente el asunto se enfrentó con previsión o urgido por la denuncia pública. Lo cierto es que Dayán denunció aquí que la cooperativa llevaba más de cinco meses sin pagarles a sus socios.
Hay medidas del servicio público que parecen hechas para jóvenes vigorosos, y no para un país que envejece demográficamente con celeridad, como la que narra Griselda García Rodríguez, residente en Rosell 330, entre Don Tomás y Caballero, Mantilla, Arroyo Naranjo, La Habana.
Cuenta Griselda que su abuela de 96 años padece de asma crónica con servicio de oxígeno permanente, además de demencia senil, y está postrada. La anciana convive con una hija de 78 años, en Delgado 5, entre Mariana y María Luisa, en la propia Mantilla.
Tradicionalmente el servicio de oxígeno se ha pagado en la farmacia de La Palma, dentro del mismo municipio. Y al intentar pagar esta última vez en la farmacia de marras, les comunicaron que el pago había sido trasladado hacia Fontanar, en el municipio de Boyeros.
«¿Cómo es posible que en un núcleo donde residan una anciana encamada y sujeta al cuidado permanente de otra adulta de 78 años, haya que trasladarse hacia un municipio apartado y de difícil acceso para adultos mayores? ¿Qué causas impiden mantener un centro de pago en cada municipio, que facilite el traslado y el pago del servicio en el término que corresponde?», cuestiona Griselda.
Y revela que en consulta hecha con la Dirección Municipal de Arroyo Naranjo, se confirma el traslado de la oficina sin más excusas, ni explicaciones. «¿Habrá alguna solución para ello?», pregunta.
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