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Quienes impartimos justicia en Cuba no tenemos como reto suprimir enfoques sexistas o inadecuadas perspectivas de género en nuestras decisiones. El desafío de la judicatura cubana es que la conducta de los tribunales impacte en la conciencia social y logre coadyuvar, conjuntamente con las instituciones y la voluntad estatal, para transformar esa conducta social y dinámica familiar en la que existen inadecuados enfoques de género.
Así dijo a Juventud Rebelde Yanet Alfaro, magistrada del Tribunal Supremo Popular (TSP), al referirse a su ponencia sobre las posibles desigualdades económicas en los procedimientos familiares en Cuba, debate presentado en la segunda jornada del XVI Encuentro de Magistradas de los más altos órganos de justicia de Iberoamérica, que concluirá hoy en esta capital, con la firma de la Declaración de La Habana.
Insertado en una de las mesas de trabajo que abordó la generación de pobreza para las mujeres en la administración de justicia, el estudio de Alfaro evidencia que este procedimiento se renovó, luego de la firma de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Plan de Beijing, y la idea se ha concretado con disposiciones del Consejo de Gobierno.
Es un proceso más expedito y cercano al justiciable, priman los principios de oralidad, inmediación, y las partes se sienten más identificadas con la justicia a la que se someten, comentó la jueza, quien agregó que no existen desigualdades económicas por género, y ello también aparece refrendado en la Constitución y el Código de Familia.
La sociedad cubana no está exenta de enfoques sexistas, pero ello no tiene impacto en la administración de justicia, reafirmó la joven magistrada.
Sobre el Derecho Laboral y la división sexual del trabajo versó una de las mesas, en la que Vivian Aguiar, también jueza del TSP, expresó que el nuevo Código de Trabajo, puesto en vigor en Cuba, representa un paso de avance para las mujeres, porque regula la obligación de que, quien las emplea, debe crear condiciones laborales para ellas. Además, subrayó, suprime la categorización de puestos de trabajo que antes eran pensados para ser desempeñados por hombres, con la intención de proteger al sector femenino. Igualmente, se suma la posibilidad de la licencia de paternidad.
Sin embargo, Aguiar resaltó que se impone continuar luchando para eliminar prejuicios y estereotipos de género que puedan gestarse en el país. Para este enfrentamiento, se cuenta con el protagonismo de la Federación de Mujeres Cubanas y el apoyo de las instituciones judiciales, acotó.
Otras intervenciones de la jornada se centraron en los costos para las mujeres de involucrarse en los procesos judiciales y el impacto de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en los Derechos Humanos del sector femenino en otros países de la región.
Rodrigo Jiménez Sandoval, subdirector del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), analizó que los TLC invisibilizan a las mujeres o las someten a violaciones comunes respecto al horario o condiciones de trabajo y las metas de producción.
Roxana Arroyo, presidenta de la Fundación Justicia y Género, destacó la falsa creencia de que hacer frente a la desigualdad sea perjudicial para el desarrollo económico y apuntó que una de las estrategias de quienes defienden estos tratados es criminalizar las protestas en defensa de los derechos.
