Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, fue la encargada de presentar el documento, que transitó por un proceso de elaboración y consultas hasta llegar a su versión número 17 Autor: Abel Padrón Padilla/Cubadebate Publicado: 18/07/2025 | 01:35 pm
El Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes es instrucción, equidad, protección, participación, humanismo. Invoca la continuidad de la voluntad del partido, del Estado y del Gobierno de garantizar el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, aseguró este viernes Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, minutos antes de que los diputados aprobaran con inmenso regocijo esta norma jurídica, que considera a las nuevas generaciones «sujetos plenos de derechos».
Durante el 5to. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su 10ma. Legislatura —al que asiste el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez—, la Ministra significó que «tenemos por delante inmensos retos para materializar su mandato, luego de valorar con respeto todas las opiniones y propuestas realizadas que será en nuestro humilde criterio lo más importante».
Al presentar los resultados del amplio trabajo realizado durante estos meses, Trujillo Barreto destacó que el tránsito por el programa legislativo ha sido particularmente enriquecedor para ese grupo encargado de coordinar voluntades, teniendo en cuenta que fue un proceso conciliador, trascendental, de oportunidad exclusiva para concretar preceptos anteriores por la actualización del código vigente, por la participación de expertos y especialmente de sus principales beneficiarios.
Detalló que más de 825 000 participantes se involucraron en el proceso para lograr un texto más robusto e integral que hoy queda aprobado en su versión 17. La actividad del Grupo Temporal, multisectorial en su esencia, con más de 28 organismos, organizaciones, instituciones, entidades, contó con la presencia de expertos, académicos, investigadores, profesores universitarios, en función del perfeccionamiento de la propuesta, la búsqueda de un consenso y el que ha debido ser, pues se trata de una mirada multisectorial hacia grupos etarios también diversos.
«Sus referentes más significativos son desde la Constitución de la República, el Código de las Familias, la propia Política Integral de Niñez, Adolescencias y Juventudes, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados internacionales vinculados a la atención a la situación de discapacidad, la mujer, género, color de la piel, inclusión; documentaciones a Cuba y observaciones realizadas por el Comité de Derechos del Niño y el estudio comparado que logramos realizar a leyes nacionales de más de 15 países, relativas a derechos y sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes.
«El objetivo supremo ha sido regular el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; el cumplimiento de sus deberes y establecer el marco institucional destinado a garantizar su protección, participación, inclusión y contribución al desarrollo social en sus 124 artículos».
La Ministra pormenorizó que se concibieron dos libros para ordenar las especificidades de la niñez, la adolescencia y las de las juventudes. «En ambos se establecen principios, derechos, deberes, garantías. En el caso de los niños se desarrolló un sistema de protección integral con sus respectivos subsistemas y en el de los jóvenes se regresó a un sistema de atención y sobre todo de promoción de la participación para entenderlos como actores principales en su propio desarrollo y del desarrollo del país».
Como principales aportes, reconoció Trujillo Barreto, se consideran precisamente el establecimiento de este amplio catálogo de derechos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como las garantías necesarias para su extensibilidad en todos los ámbitos. Además se instituye el sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes, compuesto por su sistema con enfoque intersectorial y un énfasis particular en las responsabilidades de cada actor y su articulación y también fortalece los mecanismos de denuncia, atención y respuesta frente a vulneraciones de los derechos.
«La nueva normativa define el sistema de atención y promoción de la participación de las juventudes, con mecanismos, escenarios y estímulos que los reconozcan como actores fundamentales en su propio desarrollo. Por otro lado, define las pautas para la aplicación práctica del principio de interés superior de los niños, la evaluación de la autonomía progresiva y la creación de entornos protectores con conceptos recreados en el Código de las Familias y en la Constitución.
«Crea un sistema de recopilación, generación y monitoreo de datos sobre niñez, adolescencia y juventudes que favorece la formulación e implementación de políticas con base en evidencia. También un subsistema de protección especializado frente a la violencia, incluyendo la definición de los mecanismos de atención y el deber de denuncia para instituciones, entidades y personas naturales. Establece dos sistemas de protección social, uno para niñas, niños y adolescentes y otro para las juventudes, con prioridad en quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
«Consideramos además que encuentra consensos sobre temas muy sensibles y sobre todo orienta una visión global de los diversos organismos en su actuación. La Revolución, a medida que desarrolle sus recursos materiales y su economía, seguirá haciendo el máximo esfuerzo para brindarles a nuestra niñez y a nuestra juventud todo lo que sea preciso para su bienestar y felicidad».
Además de la participación de actores sociales, organismos, instituciones y organizaciones de masas, la Ministra destacó la participación también de los niños y de sus familias para lo que fue necesario crear materiales amigables, audiovisuales, infografías, proyectos multimedia.
Un código genuinamente cubano
La diputada Arelys Santana Bello, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos reconoció que este cuerpo legal es muy adelantado a su época, porque recoge principios de igualdad, participación y responsabilidad social, integrando a las familias, las instituciones educativas y al Estado en una labor compartida, a partir del nuevo contexto constitucional inaugurado con la Carta Magna de 2019, especialmente el mandato establecido en sus artículos 86 y 87; el impacto de las transformaciones sociales, demográficas y jurídicas del país en los últimos años y los cambios de paradigma en la visión de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Hizo referencia a la aprobación en 2023 de la Política Integral de Niños, Adolescentes y Juventudes, que reconoce a estos grupos legales como sujetos de pleno derechos y promueve su participación activa en la sociedad, y que está articulada con el Plan de Acción Nacional 20-23-2030, con un enfoque de derechos, equidad, impulsión y participación, todo lo que se desarrolla y fortalece con el proyecto de ley que hoy se presenta.
La diputada refirió que el nuevo cuerpo legal manifiesta la voluntad política de colocar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro de las políticas públicas, cuya esencia la encontramos en el pensamiento de Fidel, líder histórico de la Revolución, quien expresó con claridad que «Nada hay más importante que un niño» y que «Ninguna sociedad se puede considerar realmente revolucionaria (3:31) si no les da a los niños y jóvenes una atención preferente».
«Esta ley homenajea el pensamiento y la acción de nuestra Vilma Espín, quien dedicó su vida a la defensa integral de los derechos de la niñez y la juventud. Desde una visión profundamente humanista, feminista y revolucionaria, su convicción de que a los niños y niñas hay que darles amor, respeto y una educación integral porque ellos son el presente y el futuro de la Revolución.
«Su llamado a educar con ternura, con firmeza, con respeto a la individualidad de cada niño, expresado en la Conferencia del Ministerio de Educación de 1983, anticipa con claridad ética y política los principios de dignidad, participación y autonomía que hoy se integran al marco jurídico nacional. Este instrumento legal también rinde tributo a su legado, al colocar el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones como pilares para una sociedad más justa y equitativa».
Santana subrayó que el nuevo texto sustenta la garantía del desarrollo integral y el respeto de los derechos, reconociendo a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos con capacidad de participación en los asuntos que les concierne. Introduce el principio de autonomía progresiva, ya recogido en el Código de las Familias y refuerza el interés superior de la niñez y adolescencia como criterio rector en toda decisión pública o privada. Establece un sistema institucional articuladoentre niveles nacionales, provinciales y municipales con comisiones específicas y un sistema de monitoreo de política y generación de datos confiables.
«Incorpora un enfoque de igualdad efectiva que considera variables como género, discapacidad, orientación sexual, color de la piel, situación migratoria, entre otras. Refuerza la prohibición del trabajo infantil y la protección frente a todas las formas de violencia. Adem{as, promueve la participación activa en la formulación de políticas públicas, así como en todos los procesos administrativos y judiciales que les afecten con mecanismos adaptados a sus condiciones evolutivas y contextuales.
«De significativa trascendencia podemos calificar el desarrollo de los procesos de evaluación de las numerosas versiones hasta la número 17 para los que hemos contado con especialistas profesionales de múltiples especialidades capaces de llevar al texto de esta ley la realidad del país en perfecto apego a los principios constitucionales aprobados».
Santana abundó en los retos relativos a la aplicación del nuevo instrumento jurídico, a partir de la formación de recursos institucionales y humanos, una coordinación intersectorial funcional, el acceso real a mecanismos de participación inclusiva, la superación de resistencias culturales frente a hipótesis innovadoras como la autonomía progresiva y un sistema de seguimiento y evaluación que permita medir con datos los avances en la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
«Con legítimo orgullo podemos decir que contamos con un proyecto genuinamente cubano que reconoce los derechos de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes, no como una concesión, sino como una expresión de una voluntad política firme, coherente con nuestra historia, nuestra constitución y nuestro proyecto social.
«Al asumir este compromiso jurídico y ético, Cuba da un paso firme hacia la consolidación de un modelo de desarrollo centrado en las personas, que coloca a sus generaciones más jóvenes en el corazón mismo de su futuro».
Velando por el presente y el futuro
Laura Marian Bacallao, diputada por el municipio camagüeyano de Guáimaro, compartió durante su intervención algunas opiniones de estudiantes que valoraron como positivo este nuevo código, «porque a ellos me debo desde esta posición y ellos son los verdaderos protagonistas de esta nueva normativa».
Enfatizó en la necesidad de actualizar este cuerpo legal en el contexto actual, signado por las transformaciones del mundo digital que exigen protección de derechos también. «La diversidad que caracteriza a nuestras infancias y adolescencias debe ser valorada y tenida en cuenta en las nuevas dinámicas. Estamos urgidos de nuevas herramientas para lidiar con los desafíos de estas épocas, y aplaudo esta actualización porque los que saben querer siempre han tenido en Cuba un lugar privilegiado, y con este nuevo código la esperanza del mundo se defiende y lleva nombre cubano».
Leidys María Labrador, del municipio tunero de Puerto Padre, reconoció la grandeza de nuestro país porque en medio de un contexto global tan hostil, incluso para los más pequeños, Cuba defiende su premisa de proteger a las nuevas generaciones.
«Nos dota de mecanismos de denuncia y respuesta ante problemas que pueden surgir en situaciones de vulnerabilidad. Es el código de cada familia, de cada hogar donde vive un niño. La familia cubana debe conocerlo e identificarse con él, los líderes comunitarios y todos los que tenemos una responsabilidad social debemos velar por su aplicación y darle seguimiento a punta de lápiz. No podemos pensar que si algo esta prohibido, no existe; sabemos que existen situaciones que debemos afrentar. Recordemos que no basta con un sistema robusto o el compromiso institucional, porque es necesario que cada cual se sienta responsable de la implementación del documento».
Debemos ser los primeros en exigir que se cumpla lo que el preciado cuerpo legal propone, acotó el diputado Carlos Antonio Leyva, de Santiago de Cuba. «La voluntad que tiene el país de enaltecer a las nuevas generaciones es loable, aun en medio de las condiciones económicas que vivimos».
El diputado de Bahía Honda, de Artemisa, Yordany Andarcio, calificó de revolucionaria la norma jurídica, que brinda especial protección jurídica a lo más preciado que tiene una familia y un país. «Las realidades de niños y jóvenes en otras partes del mundo es muy diferente porque no todos pueden estudiar y muchos viven en entornos donde la guerra cobra sus vidas inocentes. Cuba, país bloqueado y con múltiples carencias económicas, sabe bien lo que tiene valor y privilegia la protección de sus derechos».
Rosa Miriam Elizalde, diputada del municipio espirituano de Trinidad, elogió la nueva normativa y destacó que en términos de derechos de las infancias, adolescencias y juventudes es la mas avanzada en cuanto a la protección en entornos digitales y libres de violencias. «Las plataformas sociales digitales más populares donde más se violan estos derechos y las más consumidas aquí son de procedencia estadounidense y por encima de legislaciones, ponderan las ganancias económicas. Sugiero crear un registro de personas y entidades que están fuera de Cuba y que son responsables de las violaciones de lo determinado en este código y que, por tanto, violarían sus derechos».
Annie Garcés, diputada de Habana del Este en la capital cubana, reflexionó sobre la necesidad de apoyar el trabajo cultural que se realiza en el país dirigido al público infantil, para cultivar en ellos los valores de nuestra sociedad que vale la pena preservar.
Yamila González Ferrer, diputada del municipio pinareño de Mantua, recordó la intensa labor desplegada por Vilma Espín en favor de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Agradeció el trabajo realizado por la comisión redactora y todos los expertos involucrados. «Aunque pueda ser perfectible, este código encierra muchas fortalezas. Entre ellas, que reconoce a las nuevas generaciones como sujetos plenos de derechos; refuerza la igualdad y destierra criterios de exclusión y discriminación; se articula con el Código de las familias; aboga por la prevención de la violencia y los protege de todas las formas posibles en todos los entornos y además, introduce el reconocimiento de métodos alternos en la resolución de conflictos».
González Ferrer insistió en que su implementación efectiva depende de recursos humanos suficientes, de poder garantizar el acceso real a los mecanismos de participación, así como superar barreras culturales que persisten en torno al ejercicio de su autonomía. Sabemos que va a promover una gran transformación cultural en nuestra sociedad, pero sabemos que es necesario».
«Es una oportunidad histórica para crecer en una cultura de derechos desde las infancias», aseveró.
La diputada por el municipio habanero de Plaza de la Revolución Mariela Castro reconoció el nuevo Código busca garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación en coherencia con la Constitución.
Ponderó que en esta normativa se dedicara un exhaustivo apartado a lo concerniente al derecho a la salud sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, responsabilizando al estado para su educación entorno a esta temática. La violencia contra menores y el embarazo en la adolescencia es otro tema correctamente plasmado en el documento, añadió, y valoró el hecho de que se estableciera la obligación estatal en prevenir el embarazo adolescente garantizando métodos efectivos de protección, así como la creación de programas específicos a madres y padres adolescentes, y de apoyo prioritario a sus familias.
La educación integral de la sexualidad se establece como derecho a partir de un enfoque inclusivo, respetando la diversidad y ello refuerza la necesidad de políticas públicas que fomenten el desarrollo pleno de los ciudadanos, agregó.
Exaltó el hecho de la prohibición de cirugías no consentidas, lo cual sitúa a nuestro país como pionero en lo relativo a este asunto en el ordenamiento jurídico cubano, alineado con los estándares internacionales, como reflejo también del respeto a los derechos de estos grupos poblacionales.
Es, apuntó, un instrumento jurídico novedoso que impone el desafío de la formación de los recursos humanos para su aplicación efectiva, a partir de la voluntad política y la transformación cultural que se espera de él.
Meyvis Estévez, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, valoró como positivo el compromiso vivo con las nuevas generaciones que se palpa en este código, y manifestó que es la materialización de las voluntades políticas del país.
Con el compromiso que le asiste a la organización que lidera, garantizó el apoyo que la implementación de esta ley requiere, en tanto es formador de presente y de futuro.
(Noticia en construcción)
