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La valla fronteriza en Nogales. Foto: AP
WASHINGTON, octubre 26.— Algunos le llaman Ley de la Barda Segura y otros Ley del Muro, pero no muchos soslayan que la firma de la legislación por el presidente George W. Bush tiene lugar a escasas dos semanas de las elecciones de medio tiempo en su país; y no faltan quienes afirmen directamente que se trata de un acto «electoral», dirigido a captar el voto de los sectores conservadores estadounidenses para el Partido Republicano.Al certificar el carácter de ley otorgado al levantamiento de la doble valla en el borde sur estadounidense con el declarado objetivo de frenar la inmigración ilegal, Bush dijo que la medida «hará más seguras» las fronteras de Estados Unidos.
Sin embargo, muchos opinan que la decisión no es avalada por todos en el país, ni siquiera en el Congreso, a pesar de que se trata de la única propuesta que emergió, finalmente, del propósito de elaborar una reforma migratoria integral que contemplara —según los distintos proyectos aprobados en la Cámara y en el Senado— medidas compensatorias tales como el establecimiento de un programa de contratos temporales de trabajo para los inmigrantes, y la regularización de algunos entre los cerca de 12 millones de indocumentados que, se calcula, viven en EE.UU.
No solo se le considera inefectiva en el objetivo de frenar la inmigración ilegal sino, además, oportunista. Según declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Harry Reid, Bush ha puesto «la política electoral por encima de políticas públicas sensatas y, al preocuparse más por la protección de sus escaños que por la protección de nuestras fronteras, este Congreso que no hace nada, celebra la firma de una promesa vacía de mayor vigilancia, y un muro al que no se le asignaron fondos (y) que probablemente nunca sea construido», añadió, según AFP.
Como otros observadores, el despacho remarcó que se ha autorizado el desembolso de 1 200 millones de dólares para levantar el muro y los sofisticados sensores de que estará dotado pero expertos estiman que la obra podría costar en realidad hasta 5 000 millones de dólares.
De cualquier manera, el carácter represivo de la medida —que ahora es ley— despierta rechazo y preocupación en grupos defensores de los derechos civiles, movimientos opositores a la guerra, y otras organizaciones o sectores sociales dentro de EE.UU. Un sondeo dado a conocer la víspera por la CNN reveló que el muro es repudiado por el 53 por ciento de los norteamericanos.
El hecho de que se pretenda enfrentar el problema migratorio solo con la intensificación de medidas represivas como esta, o con el incremento de los guardias en la línea divisoria con México, es considerado un fiasco que no resolverá la situación.
«Los muros no solucionan nada», declaró Cecilia Muñoz, del Consejo Nacional La Raza, quien afirmó que, por el contrario, contribuirán a ofrecer más peligro a quienes intenten entrar ilegalmente en EE.UU. Citado por el periódico El Mundo, Saúl Solórzano, del Centro de Recursos Centroamericanos, advirtió que «esa obra no deseada no podrá contener a la gente con hambre». El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el mexicano Luis García de Alba, destacó que «desde el punto de vista estrictamente de derechos humanos (el muro) representa una violación».
Aunque Bush puso una paletada de arena al recordar que trabajará por lo que llamó «un punto medio razonable» entre la deportación y la amnistía a que aspiran los ilegales —y que él volvió a descartar—, algunos estiman que al firmar la ley, el presidente rechazó esa aspiración; o quizá nunca la tuviera...
Al conocer la decisión, el vocero del gobierno mexicano, Rubén Aguilar, calificó la ley de unilateral. Reiteradamente durante los últimos meses, los presidentes de los países centroamericanos y caribeños emisores de ilegales, pidieron infructuosamente a Bush renunciar al muro y adoptar medidas de más comprensión para sus compatriotas en Estados Unidos.
