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Estados Unidos aun ejecuta a enfermos mentales y discapacitados. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 25/12/2021 | 10:56 pm
De las 11 ejecuciones judiciales llevadas a cabo en 2021 en Estados Unidos, tres fueron realizadas por el gobierno federal, tres en Texas, dos en Oklahoma y una en cada uno de estos estados: Missouri, Alabama y Mississippi.
Esta es una decisión muy polémica en ese país y en el mundo. Lo peor en este caso llega cuando se devela quiénes han sido los ejecutados.
La agencia UPI publicó una información sobre tan candente situación en la cual señaló que Estados Unidos realizó el menor número de ejecuciones en décadas en 2021, pero casi todas involucraron a prisioneros con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales.
No resulta entonces muy positivo el hecho comparado con las 17 ejecuciones en 2020, desde el restablecimiento de la pena de muerte en 1976, o las 315 en 1996.
El Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC, por las siglas en inglés del Death Penalty Information Center), que no toma una posición sobre este tipo de ejecuciones, pero proporciona recursos y datos al público, dijo que si bien la pandemia jugó un papel en la disminución del número este año, las cifras son indicativas de las actitudes generales de los estadounidenses.
La organización publicó su informe anual de fin de año que analiza las tendencias en el uso de la pena de muerte en Estados Unidos. De los 50 estados, 23 han abolido ese castigo en sus legislaciones.
Dice UPI que una encuesta de Gallup publicada en noviembre encontró que el 54 por ciento de los adultos estadounidenses están a favor del uso de la pena de muerte como castigo para los condenados por asesinato, frente al 55 por ciento en 2020 y el 80 por ciento a mediados de la década de 1990.
«La pena de muerte se aisló cada vez más geográficamente en 2021 y el apoyo público cayó a sus niveles más bajos en medio siglo», dijo Robert Dunham, director ejecutivo del DPIC.
Dunham, al exponer la situación geográfica de este cambio, puso también sobre el tapete otro grave problema en la nación norteña.
«La derogación de Virginia creó una zona libre de pena de muerte a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos que ahora se extiende desde la frontera canadiense de Maine hasta la frontera norte de las Carolinas. En el oeste, una zona libre de ejecuciones abarca la costa del Pacífico desde Alaska hasta México. El puñado de estados que continúan presionando por la pena capital promueven valores atípicos que a menudo ignoran el debido proceso, fracasan en las ejecuciones y habitan en las sombras de largas historias de racismo y un sistema penal sesgado».
Racismo y arbitrariedades
El artículo publicado por UPI cita opiniones muy críticas al respecto, entre ellas se afirma que a pesar del menor número de las ejecuciones en 2021, la subdirectora del DPIC, Ngozi Ndulue, dijo que las que ocurren se dirigen principalmente a «los más vulnerables de los vulnerables», no a «lo peor de lo peor».
«El Gobierno federal comenzó 2021 con las últimas tres ejecuciones de la históricamente aberrante ola de ejecuciones federales, ejecutando a personas con enfermedades mentales graves, discapacidad intelectual y pruebas de inocencia no examinadas», dijo Ndulue.
«Las ejecuciones estatales desde entonces siguieron el mismo patrón. Todos los presos ejecutados este año, excepto uno, tenían deficiencias significativas, como enfermedades mentales graves; lesión o daño cerebral; un coeficiente intelectual en el rango de discapacitados intelectuales; o traumas infantiles graves crónicos, negligencia y abuso», detalló.
El DPIC dijo que el racismo también «continuó infectando la pena de muerte», con el 55,65 por ciento de todas las sentencias de muerte destinadas a acusados negros o latinos y son negros el 56 por ciento de los prisioneros ejecutados.
En el pasado mes de julio, en Psychnews, publicación de la American Psychiatry Association, se divulgó un artículo titulado Black Lives Matter: Race and the Death Penalty (Las vidas negras importan: raza y pena de muerte) en la cual abordaban el tema desde los datos y hechos revelados por DPIC a partir de la visión de especialistas de esa ciencia médica.
«El siquiatra Joseph Thornton ha visto de primera mano la forma arbitraria y racialmente sesgada en que se aplica la pena de muerte cuando sirvió de 1992 a 1996 como director médico en una prisión de máxima seguridad de Florida. Allí visitó personalmente a 300 hombres condenados a muerte cada semana y aprendió sus historias de vida», explicaba la publicación.
Citaba lo escrito por el galeno en una columna de enero de 2021 en el Florida Times-Union: «arrojan luz sobre un sistema que se dirige a los más vulnerables: personas con largas historias de trauma extremo, negligencia, pobreza y abuso», y apuntaba que el análisis de las muertes capitales llevaba a la geografía: «Mire dónde ocurre la pena capital, en estados con antecedentes de linchamiento», dijo Thornton, quien está pidiendo a la Asociación de Siquiatras que aprueben una declaración solicitando la abolición de la pena de muerte para 2022, y advierte que luego de la geografía «probablemente el factor más crítico en general —en un acusado que es sentenciado a muerte— es tener un fiscal celoso y una defensa capital incompetente».
«Muchas personas creen que tenemos un sistema mágico que lo hace bien perfectamente, cada vez», dijo Thornton. «Pero la pena de muerte es una mentira. Es realmente una herramienta política para los políticos que quieren afirmar que son duros con el crimen y están dispuestos a matar por votos».
