Ni caridad pública ni regalo, sino el cumplimiento de una obligación constitucional

La decisión gubernamental de otorgar subsidios a las personas y núcleos con menos posibilidades económicas es una política que promueve la igualdad de oportunidades en el país, que no se quede nadie sin protección, que se haga efectiva la solidaridad colectiva, organizada, a través del Estado socialista

Autores:

Ricardo Ronquillo Bello
Mayte María Jiménez
Margarita Barrios
Alina Perera Robbio
Ana María Domínguez Cruz

Con la aprobación del subsidio para las personas y núcleos familiares con menos posibilidades económicas, medida aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el pasado diciembre y que entrará en vigor el próximo 15 de enero, Cuba dio el primer paso en el propósito de eliminar el subsidio a los productos y comenzar a hacerlo con quienes realmente lo necesiten.

La esencia de esta decisión es que nadie quede desamparado, afirmó Raquel Rodríguez Gato, jefa del Grupo 6 de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

La disposición se corresponde con el Lineamiento 173, cuya finalidad es eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos, de manera general.

También está en consonancia con el Lineamiento 299, según el cual «los materiales de la construcción con destino a la conservación, rehabilitación y construcción de viviendas se venderán a precios no subsidiados. En los casos que se requiera, se aplicará el subsidio a las personas, parcial o totalmente, dentro de los límites planificados».

Estos conceptos fueron compartidos en conferencia de prensa en la sede del Ministerio de la Construcción, por parte de representantes de la citada Comisión, de los ministerios de Finanzas y Precios, de Trabajo y Seguridad Social, de Comercio Interior, así como del Banco Central de Cuba y del Instituto Nacional de la Vivienda.

Raquel Rodríguez destacó que esta es otra manera de ir buscando soluciones a los problemas habitacionales del país, aunque no quiere decir que con ello se van a resolver todas las situaciones.

Esta medida se inserta dentro de una secuencia de acciones como la venta liberada de materiales de la construcción sin subsidios, la puesta en vigor de una política de créditos bancarios para la adquisición de materiales de construcción y pago de la mano de obra, y la reducción del precio en más de 122 artículos de materiales para la construcción. Ahora se abre la posibilidad de que aquellos núcleos familiares de menores recursos y más necesitados puedan realizar por gestión propia la reparación o construcción de sus inmuebles, señaló.

Miguel Limia David, miembro del citado Grupo 6 de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, expresó que el subsidio no es un gesto filantrópico sino otro modo del Estado socialista para proveer posibilidades de protección a los ciudadanos más vulnerables.

El subsidio no es un crédito —puntualizó—, por lo tanto no hay que devolver nada, sin embargo lleva implícito un alto sentido de responsabilidad, tanto por el Estado como por los beneficiados, quienes deberán realizar la obra para la cual reciban el apoyo.

La conferencia devino profundo y esclarecedor diálogo con los periodistas sobre las implicaciones de este acuerdo gubernamental.

—Miguel Lozano, Prensa Latina: ¿Hay referencias en el ámbito internacional para esta experiencia que ahora Cuba pone en práctica?

—Miguel Limia David: Sí, hay referencias internacionales, lo que no tan universales como esta, porque se trata de una política social, horizontal, de carácter universal, pero que se aplica de forma democrática, territorialmente.

«Quizá lo específico, en nuestro caso, es que habla del carácter socialista de nuestro Estado, del condicionamiento social de nuestras políticas económicas. Manifiesta que nuestro Estado —en el proceso de perfeccionamiento al que está sujeto como resultado de la implementación de los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido— no se está descomprometiendo de sus obligaciones constitucionales sino que está buscando un modo más eficiente y sustentable de garantizar esos derechos de la ciudadanía.

«Esta es una política social que no se aplica verticalmente: las decisiones se toman a nivel territorial por los órganos democráticos de poder, que son los que deciden la focalización. Es una política que focaliza los problemas sociales, pero con un criterio democrático por parte del órgano popular de poder. Es decir: distingue el problema, toma la decisión, y lo hace de manera transparente, controlable. La Asamblea es quien refrenda una decisión, y es ella quien controla. El órgano de poder, además, se ve obligado a informar sistemáticamente sobre el proceso.

«En tal sentido es una política que está propendiendo a promover la igualdad de oportunidades en el país, a que no se quede nadie sin protección; es decir, que se haga efectiva la solidaridad colectiva, organizada, a través del Estado socialista. No es caridad pública o un regalo, sino el cumplimiento de una obligación constitucional, pero con énfasis en la iniciativa individual.

«Sobre esta última arista también hay referencias internacionales, pero de países eminentemente capitalistas, donde al individuo se le deja solo. En nuestro caso no se deja solo al ciudadano, se le apoya aunque él está frente a la situación de desarrollar su iniciativa para administrar créditos y para, con el esfuerzo de la familia, llevar a cabo el mejoramiento de su situación de vivienda, sin esperar a que otro venga a resolvérsela.

«Una política como esta rompe los esquemas del que se sienta a esperar por que otro venga a resolverle sus problemas».

—Raquel Rodríguez Gato: Esta nueva medida —dirigida a ayudar a las personas y núcleos con menos posibilidades económicas, sobre la base de que nadie quedará desamparado— contribuye, como otras, a solucionar en alguna medida los problemas de la vivienda en el país, o sea el problema de la construcción, de la rehabilitación, del mantenimiento, lo cual no quiere decir que el Estado no seguirá construyendo viviendas.

«El Estado sigue, fundamentalmente, con la necesidad de la construcción de nuevas viviendas en el país. La actual medida se inserta en esa situación».

—Fidel Rendón, Agencia de Información Nacional (AIN): ¿Estaríamos preparados para una posible «avalancha» de personas que se consideren con derechos y necesidades para pedir este tipo de ayuda?

—Loida Obregón González, directora de Economía del Instituto Nacional de la Vivienda (INV): Actualmente las oficinas de trámites de la Vivienda reciben a todos los ciudadanos que llegan con cualquier planteamiento. Los que han tenido afectaciones por razones climatológicas han sido atendidos en su momento por el INV; ya hay muchos expedientes en las unidades municipales inversionistas.

«No por gusto se establecieron las prioridades porque hay muchos necesitados. Y aunque el Instituto debe procesar todas las solicitudes, no tiene potestad para seleccionar a nadie: cualquier solicitud que se presente irá al Consejo de la Administración Municipal (CAM). Todas las solicitudes de la población que sean presentadas serán atendidas».

—Vivian Bustamante, revista Bohemia: Según refleja la Gaceta, las personas solo tienen una oportunidad para solicitar el subsidio. ¿Qué sucede entonces con quienes deseen construir o reparar su vivienda por partes, es decir, poco a poco?

—Loida Obregón González, directora de Economía del Instituto Nacional de la Vivienda: En efecto, solo se tiene una oportunidad para solicitar el subsidio, el cual puede ser hasta de 80 000 pesos, y que incluye la compra de los materiales necesarios y la contratación de la mano de obra.

«También pueden otorgarse subsidios para obras de menor envergadura de hasta 5 000 pesos o de hasta 10 000 pesos si son más complejas, sin que para ejecutarlas se necesite una licencia de construcción. Ese financiamiento otorgado tiene como base el impuesto recaudado sobre la venta de materiales de la construcción en las diferentes provincias y se otorga para la construcción, la reparación o el mantenimiento de hasta 25 metros cuadrados, es decir, para la célula básica habitacional conformada por un cuarto, un baño y una cocina».

—Miguel Limia David: El subsidio no tiene nada que ver con créditos bancarios, por lo que no es necesario devolver el financiamiento otorgado. Eso sí, cada caso de solicitud será evaluado de manera integral en relación con la situación socioeconómica de la familia, sus ingresos, gastos, vínculos laborales, entre otros elementos; y de acuerdo con las prioridades que hemos establecido se otorgará el financiamiento contra objeto de obra. Este debe ser auditado, fiscalizado y bien administrado por el solicitante.

—Ricardo Ronquillo, subdirector de Juventud Rebelde: ¿Cómo evitar que la decisión del otorgamiento de subsidios pueda estimular el favoritismo en algunos lugares?

—Raquel Rodríguez: No será posible que ocurran favoritismos, pues existirá una comisión de supervisión y fiscalización que estará al tanto del otorgamiento y ejecución de los subsidios, como parte del control del CAM, órgano al cual se le otorga una nueva facultad, en tanto es el encargado de evaluar las necesidades reales de las personas, su situación económica, la aprobación o no del subsidio y su destino.

«El CAM debe rendir cuenta dos veces al año a la Asamblea Municipal del Poder Popular sobre el cumplimiento del proceso».

—Margarita Barrios, Juventud Rebelde: En cuanto a los precios actuales de venta de los materiales, ¿no sería más prudente que se vendieran más acorde con su costo de producción para facilitar que un mayor número de personas pudieran adquirirlos?

—Bárbara Acosta Machín, viceministra de Comercio Interior: Los precios actuales de venta de los materiales que se ofertan en las tiendas se conforman a partir de los costos de producción, sin diferenciación para los compradores (venta liberada, crédito y subsidio). En la medida en que se desarrollen las producciones de las industrias locales, existirá una mayor oferta y el costo de producción disminuirá, así como el precio de venta.

—Alberto Loreydi, Radio Rebelde: Se ha explicado que los casos de prioridad para otorgar los subsidios son las personas cuyas viviendas fueron afectadas por catástrofes naturales y los casos sociales. Sobre estos últimos, ¿quiénes son considerados como tal?

—Yusimí Campos Suárez, directora de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Un caso social se refiere a aquella persona que requiere del apoyo del Estado para ejecutar este tipo de obra debido a su incapacidad física, su avanzada edad o alguna otra razón que le impida trabajar.

«El otorgamiento del subsidio tiene un orden de prioridad, en el que se encuentran familias afectadas por catástrofes como ciclones, inundaciones, incendios, entre otras; familias con pérdida total o parcial de sus viviendas, y los casos sociales críticos, como los discapacitados y todos los individuos que se encuentren en una situación socioeconómica compleja.

La especialista explicó que la comisión creada, en conjunto con la Dirección Municipal de la Vivienda y de Trabajo y Seguridad Social, evaluará a cada familia solicitante, su estado financiero, ingresos, así como las condiciones sociales, de modo que se tenga una percepción integral de las realidades de vida de cada hogar que solicite el subsidio.

«A ello se sumarán también aquellos que sufren enfermedades y el propio envejecimiento, factores que les impidan poder mantener una suma suficiente de ingresos para sufragar los gastos necesarios y para mantener la vivienda en condiciones básicas para habitarla.

«En este sentido serán priorizados los 3 214 derrumbes totales y 10 179 parciales ocurridos, como consecuencia del paso de fenómenos meteorológicos por provincias como Pinar del Río, Artemisa, Camagüey y Holguín, según datos reflejados por el Instituto Nacional de Vivienda».

Aunque los expertos y funcionarios advirtieron que no se dejará desamparado a nadie que lo necesite, insistieron en la carga de responsabilidad y conciencia que ha de tener cada ciudadano al solicitar este subsidio, pues solo deben hacerlo aquellos que realmente lo requieran.

El dinero deberá ser empleado en el destino aprobado en el contrato, y el solicitante debe participar activamente en la solución de los problemas de su vivienda.

Adalberto Carbonell, director general de Presupuesto del MFP, explicó que el dinero para el subsidio tiene como base el 40 por ciento de la recaudación por la venta de los materiales de construcción en las provincias.

«Ahora se le confiere una facultad nueva a los Consejos de Administración Provinciales: la de distribuir a los CAM los importes transferidos por el Ministerio de Finanzas y Precios, en correspondencia con las necesidades de cada uno de ellos, con independencia de la cantidad recaudada en la comercialización de los materiales de la construcción».

Carbonell agregó que en este año se da la particularidad de que el subsidio incluye el 40 por ciento de lo recaudado en el 2011, y las cifras que correspondan al transcurso de este año.

—Melbys Nicola, Semanario Opciones: Sobre los subsidios concedidos, ¿cuándo vencen? ¿Puede ser nombrada alguna persona para recibir el financiamiento en representación del solicitante? En caso de ser necesaria la transportación de los materiales, ¿está concebido este gasto en el subsidio?

—Raquel Rodríguez: El subsidio una vez otorgado no tiene caducidad. Se debe recordar que aquella persona que lo reciba firmará un contrato en el que se especifica cómo, cuándo y dónde se hará efectivo este subsidio.

Explicó también que en aquellos casos en los que el solicitante sufra alguna imposibilidad podrá nombrar a un representante para hacer efectivo el subsidio.

«Está establecido que hasta el 30 por ciento del subsidio asignado puede emplearse para contratar la mano de obra y transportar los materiales. Esta mano de obra deberá tener un aval legal, o sea, ser contratado como trabajador por cuenta propia».

—José Hernández, Tribuna de La Habana: ¿Qué sucede con las personas que necesiten ser subsidiadas y que tienen adeudos anteriores con el Banco?

Raquel Rodríguez Gato: En cada caso se hará un expediente por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y por el Instituto Nacional de la Vivienda, el cual será presentado al Gobierno para que allí se evalúe cada situación.

«La Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social evalúa el núcleo familiar, cuáles son los problemas que presenta, si en él existen los referidos adeudos, y a partir del análisis se da un criterio para definir si se le da, o no, subsidio a la familia. El análisis incluye las posibles razones por las cuales un núcleo familiar tiene adeudos. A lo mejor es precisamente porque el núcleo necesita el subsidio, de ahí que se hagan estudios cuyas decisiones se aprueban después en un acuerdo del CAM, o sea, de los gobiernos, los cuales más adelante, cada seis meses, rinden cuentas de sus decisiones a la Asamblea Municipal, y también a la Provincial».

Ante inquietudes de los periodistas presentes en la conferencia acerca de los trámites que debe realizar quien recibe este beneficio monetario, Miguel Limia David afirmó que el país no tiene antecedentes en este tipo de gestión.

Puntualizó que se trabajó arduamente para tratar de minimizar las gestiones que debe ejecutar la persona beneficiada, y los pasos fueron reducidos a seis.

La persona hace la solicitud y luego firma un contrato, explicó. Con este papel va al Banco y abre una cuenta de administración de fondos, que es el subsidio. Luego reserva los materiales en la tienda y solicita un documento que consigna el precio de los mismos; entonces va al Banco y solicita el cheque. Los materiales les serán reservados solo durante cinco días hábiles en la tienda, tiempo en que debe completarse el proceso en el Banco. De no poder retirar los materiales en los cinco días hábiles, deberá reiniciar la gestión de compra.

En la entidad bancaria recibe dos cheques, argumentó, para pagar los materiales y para cubrir los gastos de mano de obra, que deben ser ejecutados por una brigada de obreros con licencia para trabajar por cuenta propia.

El proceso debe ser transparente y asequible, especificó, y se irá ajustando en correspondencia con las dificultades que se presenten cuando comience a entregarse el subsidio a partir del día 15 de enero.

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