Egipto: un futuro atado al pasado

Estados Unidos insiste en enrumbar la cuestionada transición democrática de la nación norteafricana por el camino que menos escollos ofrezca a sus intereses y la seguridad de su aliado Israel. El nuevo Presidente y los militares negocian un «matrimonio» en el que estos tienen más poder

Autor:

Jorge L. Rodríguez González

Pan, democracia, libertad y justicia social. Con estos reclamos salieron a las calles millones de egipcios en enero de 2011, luego de décadas de letargo impuesto por sus gobernantes. La situación interna se había depauperado tanto —incremento del analfabetismo, de la pobreza, aplicación de recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial—, signada por un entorno global explosivo —la economía europea se despedazaba en las narices de los países del norte de África; en Túnez un hombre se inmolaba y Ben Ali se exiliaba —que esta vez la represión, lejos de meter a los egipcios en su casa, exacerbó aún más las aspiraciones de quienes hicieron de la cariota Tahrir su principal plaza de combate.

Ante la sorpresa de 80 millones de egipcios, de muchos en la región, y del propio Estados Unidos —principal sustentador de la dictadura militar en la nación norteafricana, porque tiene que garantizar la seguridad de Israel— Hosni Mubarak tuvo que dimitir el 11 de febrero, apenas 18 días después de que explotara la revuelta popular. En ese breve período de tiempo, unas 850 personas murieron a manos de los militares y la policía. Cientos fueron heridos, desaparecidos o torturados.

Luego, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CFSA) se autotituló como el guardián del proceso de transición «democrática», y aceptarlo fue el primer error que cometió el movimiento popular antimubarakista. Lejos de salvaguardar las aspiraciones defendidas en las calles de El Cairo, Alejandría, Suez y otras regiones egipcias, el ejército no hizo más que usurpar el poder ejecutivo que Mubarak abandonó.

Para hacerlo más efectivo, apoyaron la candidatura a las recientes presidenciales de Ahmed Shafiq, un militar retirado que se desempeñó como el último primer ministro del defenestrado Mubarak. Para lanzarlo al ruedo declararon inconstitucional la Ley de Aislamiento Político, que impediría la postulación de su general por ser un representante del viejo régimen.

Pero, finalmente, en la segunda ronda electoral se impuso el islamista Mohamed Morsi, del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de la Hermandad Musulmana.

No fue un resultado fácil de tragar para el CSFA. Prueba de ello fue la tardanza de la Comisión Electoral para ofrecer los cómputos, los rumores entre figuras de la Junta Militar y diplomáticos occidentales en El Cairo sobre las pretensiones de notificar a Shafiq como Presidente, así como el despliegue de militares la víspera del anuncio, lo que se interpretó, lógicamente, como un indicio de que darían una noticia no deseada para el pueblo. En la actual tensión política, esa decisión hubiese hecho detonar nuevamente a Egipto. Pero al fin asumieron el dictado de las urnas.

No obstante, aún está por constatarse cuál será verdaderamente el «poder» que tendrá el nuevo Presidente.

El CFSA no está dispuesto a perder la batuta que durante décadas mantuvo en sus manos. Lo demostró cuando un Tribunal Constitucional, formado por jueces nombrados por Mubarak, invalidó el mecanismo por el cual se eligió un tercio de la Cámara Baja del Parlamento, que derivó automáticamente en la disolución de esa estructura, de cuyos 508 asientos, el 70 por ciento estaba en manos del PLJ, junto con el Partido salafista El-Nour (La Luz, en árabe) y el moderado Al-Wassat (centro), todos opuestos a Shafiq.

Morsi también llega al cargo atado por la denominada Declaración Constitucional Complementaria emitida el 17 de junio —apenas 20 minutos después del cierre de los colegios electorales—, según la cual podrá decidir sobre los asuntos del país, salvo aquellos que las Fuerzas Armadas estiman solo concernientes a su competencia. Por ejemplo, la elaboración y ejecución de su dudoso presupuesto, el poder de veto sobre cualquier posible declaración de guerra, el nombramiento de sus comandantes y la prolongación de su servicio, así como la inmunidad de sus miembros ante cualquier instancia judicial.

En caso de disturbios internos, Morsi solo puede pedir la intervención militar con la venia del CSFA.

Ahora, el jefe de Estado tampoco ocupará la presidencia del Consejo Supremo, como sucedía en la época de Mubarak, ni tendrá poder de decisión sobre esta estructura. La Declaración Constitucional deja claro que será el actual CSFA, elegido en los tiempos de Mubarak, el que tendrá esas atribuciones.

Es decir, un grupo de militares, que no fueron escogidos ni hoy son elegibles por el pueblo, acumula en sus manos el poder de decisión sobre asuntos trascendentes para el país. Morsi tendrá que compartir con el CSFA su capacidad ejecutiva, la que le concedió el voto popular. La nación también sigue sin Parlamento y la redacción de la nueva Carta Magna será responsabilidad de una comisión de cien miembros nombrada por el CFSA. Además, el Consejo se reserva el derecho de veto sobre cualquier artículo de dicha Constitución que sea «contrario al interés supremo del Estado».

Un verdadero golpe constitucional.

Tampoco se sabe cuándo se elegirá el legislativo. La fecha de estos comicios la decidirá el CSFA, para después votarse la Carta Magna en referéndum.

Y aún queda a los militares mucho margen de maniobra para apuntalar más su poder en el Estado.

Un titular de la agencia rusa Ria-Novosti dice: «Morsi en Egipto será como la Reina en Inglaterra».

¿Trigo limpio?

En su discurso apenas declarado vencedor de las elecciones, Morsi dijo, sin muchas palabras, que Egipto respetará sus acuerdos internacionales. Este fue uno de sus temas de campaña electoral. Así, hizo un guiño a Estados Unidos e Israel, sin dudas un poco intranquilos ante la posibilidad de que un presidente no salido de las filas de Mubarak se atreviera a echar por tierra el acuerdo de Camp David, firmado en septiembre de 1978. Sin embargo, antes de que fuera anunciado como Presidente, había dicho que revisaría este convenio.

Con el acuerdo de Camp David, suscrito por el presidente egipcio Anwar el-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del jefe de la Casa Blanca, Jimmy Carter, Egipto e Israel dieron fin a los conflictos territoriales entre ambos países. Ello provocó descontento en el resto de los Estados árabes.

No fueron pocos los medios de prensa egipcios que propalaron ahora una negociación secreta entre Morsi y el CSFA, mientras la Comisión Electoral demoraba en dar los resultados. Según el diario Al-Ahram en su versión digital, el candidato islamista tuvo que agachar la cabeza y trabajar dentro de los parámetros fijados por los militares antes de ser dado a conocer como el mandatario legítimamente electo.

Su juramentación ante el Tribunal Constitucional que aprobó la usurpación castrense de competencias ejecutivas del Presidente, despierta también desconfianza en agrupaciones políticas que, como el Movimiento Juvenil 6 de Abril —muy activo en las revueltas populares de 2011 y que dio su apoyo a Morsi en la segunda ronda comicial—, asumieron el hecho como una forma de reconocer el apéndice constitucional que deja a Egipto bajo control del ejército.

Con respecto a Irán, uno de los nudos más complicados en la política exterior egipcia, Morsi dijo a la agencia persa Fars que ambos países deben normalizar sus relaciones, interrumpidas desde hace más de 30 años a raíz de la Revolución Islámica iraní y la firma del tratado de Camp David. Esos vínculos, dijo, deben estar «basados en intereses comunes, y expandir áreas de coordinación política y cooperación económica porque esto creará un equilibrio de fuerzas en la región». Sin embargo, poco después, uno de los cercanos al islamista desmintió tales declaraciones, lo que huele a descontento más allá de El Cairo.

Mubarak, que seguía los consejos y designios de Estados Unidos e Israel —uno de sus principales objetivos es aislar a Irán— siempre rechazó los intentos de acercamiento de Teherán y tildó a la nación persa de «amenaza» a la seguridad regional, al estilo de Arabia Saudita.

Tras Israel y Colombia, Egipto ocupa el tercer lugar entre los países del mundo que reciben más ayuda militar directa de Estados Unidos —1 300 millones de dólares anuales—, lo que permite calibrar las consecuencias que podría tener el hecho de que el nuevo Jefe de Estado intente acortar la distancia entre El Cairo y Teherán.

Aunque a Washington le tomó por sorpresa el estallido popular en Egipto a inicios de 2011, no tardó mucho para montarse en el tren y tomar el timón que conduzca a la nación por la ruta deseada, como hizo en Yemen, Libia y viene haciendo en Siria. EE.UU. continuará con sus maniobras para garantizar que continúe el apoyo de El Cairo a su estrategia en la región, e Israel siga estando seguro.

Rumores de mediados de semana referían que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, será una de las primeras personalidades políticas del más alto nivel que recibirá Morsi.

La Clinton, como lo hizo Obama cuando sostuvo una conversación telefónica con Morsi, le recordará al islamista el compromiso de Washington con El Cairo.

Morsi es Doctor en Ingeniería por la universidad de Carolina del Sur, y trabajó como profesor asistente en la California State University, en Estados Unidos. Sabe muy bien lo que quiere la potencia del otro lado del Atlántico. Si quiere gobernar tranquilo tendría que atemperarse a sus apetencias.

Quizá lo más difícil sea conciliar la doctrina de defensa de las reivindicaciones palestinas y la política de confrontación con Israel de la Hermandad Musulmana, con la necesidad de mantener el matrimonio entre Tel Aviv y El Cairo. En ese terreno también debe haber negociaciones. Al menos Washington recalcará cuál es su prioridad.

Obama hará todo lo que pueda para que la denominada «primavera árabe» no termine congelando al sionismo israelí. Los 1 300 millones de dólares que otorga anualmente al ejército constituyen un arma bastante fuerte. Los quitó para forzar la salida de Mubarak, y no los devolvió hasta que el rais dejó el trono. Pudiese usarlo en el momento que estime para presionar a un Ejército-Estado que, a su vez, halaría las orejas a su Presidente.

 

 

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