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La esperanza está en irle con ganas al surco

Falta de insumos y brazos que trabajen la tierra, exceso de trabas burocráticas e interpretaciones erróneas de directrices para desatar las fuerzas productivas, son algunas de las causas que obstaculizan el camino hacia la soberanía alimentaria en Cuba

Autor:

Marianela Martín González

La mayor solución para producir lo que la mesa del cubano necesita está en motivar a la gente para que trabaje la tierra de manera sostenible, como propone la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en mayo del año pasado, afirmó el pasado martes el titular de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, durante una evaluación de los acuerdos relacionados con el sector, emanados del 10mo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En el análisis, en el que participaron el miembro del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, titular del Parlamento y del Consejo de Estado, así como los presidentes de las distintas comisiones de trabajo de la ANPP, y varios diputados e invitados, se calificó de urgente desatar las fuerzas productivas y trabajar con seriedad en la capacitación de todos los actores, incluida la población, para que los cuatro ejes que componen la Ley accionen eficazmente.

Un examen crítico a las principales tendencias de los estados de opinión de la población, entre estas el alto precio de los alimentos, hurgó en las causas de los incumplimientos de los planes productivos y bajos rendimientos. La falta de insumos y los impagos a los productores, como señaló Ramón Aguiar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria del Parlamento, son de las más recurrentes.

Calificó de muy buenas las 63 medidas aprobadas para estimular la producción. Salieron de los reclamos de los productores, pero casi no se cumplen por el exceso de trabas burocráticas y la inadecuada interpretación de estas, según dijo.

Aguiar Betancourt advirtió que el campo se ha quedado sin brazos para trabajar la tierra y quienes sudan la camisa en el surco enfrentan, además, dificultades para acceder a créditos bancarios, y en el caso de las cooperativas todavía no han logrado independizarse totalmente de la empresa, lo que trae consecuencias muy negativas para el desenvolvimiento pleno de estas bases productivas.

Una carrera contrarreloj

Al referirse a la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual tiene su base en los municipios, la presidenta de la Comisión de Órganos Locales, Miriam Brito Sarroca, habló de la necesidad de explicar con claridad los programas que esta contiene, para compatibilizarlos con las estrategias de desarrollo territorial, y evitar que se presente en las asambleas un proyecto que no sea efectivo.

El Presidente de la ANNP señaló que es en el municipio donde se concreta la referida Ley, pero el acompañamiento de los organismos en todas las instancias debe prevalecer, porque en la base faltan muchos aseguramientos para materializar sin apoyo una tarea tan colosal.

Apuntó que se trata de una carrera contrarreloj la producción de la comida del pueblo. Que hay que eliminar las trabas que frenan la eficiencia, sin temor a otra cosa que no sea fallarles a la confianza del pueblo y a los intereses del socialismo.

Lazo Hernández recordó que el bloqueo incide en todo lo que signifique progreso porque para eso se aplica, por lo que hay que aprovechar la ciencia y la técnica, así como acabar con todo lo que afecta a la par de esa desgracia: la corrupción, la chapucería, la desidia…

Comentó que la FAO advirtió que estamos a las puertas de una hambruna a nivel global, y de ocurrir así no tendremos de dónde importar; y de hacerlo sería a precios mucho más altos que los actuales.

Por su parte, el diputado capitalino Emilio Interián Rodríguez, presidente de la CCS Sabino Pupo, aseveró que hay que dar un salto. Hacer algo urgente porque es inconcebible que una libra de boniato cueste 70 pesos. Expresó que es vergonzoso explicarle a la población lo referente a los precios, por lo que hay que implementar la Ley con una precisión rigurosa que llegue hasta el surco, conociendo las potencialidades reales de cada territorio y apoyando para que estas emerjan.

Lamentó que el mango está punto de comenzar a cosecharse sin que existan condiciones para procesar los altos volúmenes que se esperan. Por esa razón, señaló, en el país se pierden más de la mitad de las producciones de esta fruta cada año.

Interián Rodríguez consideró que en la organización de los procesos también hay reservas de eficiencia que contribuyen a bajar los precios. Sugirió que se usen los recursos en lo más urgente y estratégico y no se dilapiden. «El cemento que hay en la agricultura debe ponerse en función de lo que requiere la producción (cochiqueras, vaquerías…) y postergar acciones estéticas para un mejor momento económico», comentó.

Estimó que las deudas con los campesinos complejizan y atentan contra la producción agropecuaria y también son causantes de los precios altos, porque el campesino incumple sus contratos y les vende a intermediarios para recuperar su dinero y continuar sus ciclos productivos.

A ese criterito se sumó el asesor de la Asociación de Técnicos Agropecuarios y Forestales Juan Pérez Lama, quien añadió que si no se logra motivar a las personas para que trabajen la tierra es imposible resolver los problemas productivos existentes.

«Recientemente se aprobaron las mipymes. Tienen la facultad de importar medios de producción, ¿por qué una cooperativa no? Si la cooperativa necesita camiones para comercializar, equipos ligeros para gestionar. Un productor tiene que recorrer 30 kilómetros e ir a un banco hasta diez veces para lograr un crédito. Conozco productores a los que les deben hace siete meses y tienen que vender fuera del contrato para recoger dinero líquido y devolverle al banco lo que le debe, y de ese modo poder recibir más crédito», señaló.

La autonomía es un camino

En esa misma línea reflexiva, Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la ANPP, llamó la atención sobre lo fatal que puede resultar la privatización de sectores de la agricultura, sobre todo comercializadores, pues funcionan por las leyes del mercado. «Ellos venden lo que quieren, cuando quieren y a los precios que quieren y cuando tratas de controlarlo desaparecen el producto».

Comentó que en los barrios a donde los candidatos a diputados acuden en estos días previos a las elecciones nacionales, la población pregunta hasta cuándo se van a permitir los altos precios. Contó que en Las Tunas, donde estuvo en días recientes, inauguraron un mercado estatal para una población de más de 200 000 habitantes, mientras un gran mercado que ya existía y un organopónico les fueron entregados a otras formas de gestión.

«La gente no está pidiendo que haya camarón. Está pidiendo yuca, arroz, frijoles, tomate… No estamos en contra de diversificar la economía, pero el camino no puede ser quitarse el problema de arriba», subrayó.

La viceministra primera de la Industria Alimentaria, Mercedes López Acea, se refirió a los incumplimientos que han estado asociados a la falta de materias primas. La limitada entrega de leche y carne a la industria han sido las mayores afectaciones, al igual que el trigo para garantizar el pan liberado y otras producciones.

Destacó la labor de los trabajadores de la industria molinera y los transportistas que mueven toneladas de harina de trigo para que no falte el pan por la libreta. Por esa razón, dijo, es inconcebible que la calidad y el gramaje de ese alimento a veces no sean óptimos.

Roberto Pérez Pérez, viceministro de Economía y Planificación, reiteró que los meses siguientes serán complejos para la economía. Sin embargo, se ha comenzado a otorgarle acceso al mercado cambiario a un pequeño grupo de productores que le venden al Estado arroz, frijoles y carne de cerdo. Progresivamente se beneficiarán los que comercializan maíz y otros productos, dijo.

Finalmente, recordó que años atrás no teníamos las dificultades que ahora padecemos porque importábamos muchos alimentos, pero actualmente la situación económica no es la misma, por lo que las empresas deberán atraer inversión extranjera y, además, hacer uso de la autonomía concedida.

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