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Gases lacrimógenos contra los manifestantes ecuatorianos. Autor: Russia Today Publicado: 25/06/2022 | 09:32 pm
La represión ha sido el signo frente a las protestas sociales que, hace hoy 14 días, estremecen a Ecuador. El ejecutivo ha anunciado que la mano será más dura; pero el mandato de Guillermo Lasso pendía el sábado de los debates en el Congreso, donde se pide su destitución.
Los remezones en esa nación no sorprenden. Cuando asumió el poder hace un año, se intuía que el de Guillermo Lasso sería un mandato de estabilidad difícil viniendo Ecuador de un Gobierno que adentró al país en la senda neoliberal —el de Lenín Moreno— y que, por eso, transcurrió movido por las protestas. En mayo de 2021, el mandatario que llegaba lo hacía con un programa que resultaba «más de lo mismo» o, mejor, una profundización de lo vivido con su antecesor.
Era sabido que el aspirante de CREO —la alianza Creando Oportunidades que lidera Lasso— traía en carpeta las privatizaciones, incluso, de empresas estratégicas como importantes bancos o las refinerías de petróleo; el recorte de los gastos sociales y el enflaquecimiento del Estado, entre otras medidas que perjudicarían a la nación y, particularmente, a la amplia base social humilde ahora golpeada que, en efecto, se solivianta.
Sin embargo, el candidato de la derecha resultó electo en segunda vuelta frente a Andrés Arauz, el aspirante del «correísmo» —como se ha dado en llamar a los seguidores de los principios y la política de Rafael Correa—, anunciando ya esos presupuestos.
Antes, en primera vuelta, había sido desplazado Yaku Pérez, el representante de Pachakutik, partido considerado «brazo político» de la Conaie, desde donde se alegó fraude. La queja no fue escuchada, y consumada la salida de Yaku de la lid electoral, sectores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas llamaron a mantener un «voto nulo ideológico» en la ronda del desempate sin el cual, muy probablemente, habría sido posible detener el paso a Lasso, apoyando el triunfo de Arauz.
Fue así como el destino de Ecuador volvió a quedar en manos de una derecha que proponía las mismas medidas repudiadas con Moreno, quien traicionó la política anunciada cuando fue electo, y remató el giro derechista en 2019 al pedir un empréstito al FMI que requirió, como siempre, un ajuste a pagar por el pueblo.
De todos aquellos lodos llegaron estas tempestades, porque entonces se movilizaron los mismos que se insubordinan hoy: la gruesa y combativa población indígena agrupada en una Confederación que ha derribado gobiernos, como lo hizo con Jamil Mahuad en enero del año 2000, acompañada en las manifestaciones de estos días por distintos sectores gremiales y sociales, también inconformes.
Una ebullición social más persistente y amplia ya fue vista en Ecuador el año 2005; tan fuertemente azotó, que derribó al presidente Lucio Gutiérrez, quien dio la espalda a su partner en el cogobierno para el que había sido electo: Pachakutik. Sintiéndose traicionada, esa fuerza dejó al exmilitar solo en el Gobierno.
La decisión libró al partido indigenista del desprestigio. Lucio debió salir deprisa, después, del Palacio de Carondelet, bajo el peso de protestas espontáneas que movilizaron a amplios grupos poblacionales, en un movimiento sin liderazgos visibles cuyos integrantes asumieron con orgullo el apelativo que les fue impuesto, sin embargo, de modo despectivo: los forajidos.
Ahora no puede afirmarse —al menos no todavía— que la situación llegará allí; pero no faltan observadores que estimen que el mandato de Lasso, de un modo u otro, podría no llegar a su término.
De hecho, los diputados del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNES) en la Asamblea Nacional presentaron el viernes una moción para la revocación del mandatario, que requeriría el voto de 92 del total de 137 parlamentarios para que el Presidente sea demovido.
También Lasso podría acudir a la suspensión del Congreso lo que, como en el caso anterior, conllevaría al adelanto de elecciones en lo que se conoce como «muerte cruzada».
La actitud de los congresistas de la UNES es consecuente con el malestar social. Además, pruebas de beligerancia entre las bases, existen. Y, también, suficientes insatisfacciones.
La aceptación del mandatario ha descendido en las encuestas hasta apenas un 30 por ciento luego de los innegables puntos a favor que, en los primeros meses, le ganó su eficaz emprendimiento de la vacunación contra la COVID-19.
Pero a un año de su toma de posesión el país sigue golpeado por el desempleo, el costo de la vida crece, y las redes del narcotráfico se han extendido con coletazos que provocan crímenes en las calles y llegan hasta las superpobladas cárceles, con sangrientos ajustes de cuentas y motines.
Los tragos amargos también los bebe Lasso en el Congreso, donde las fuerzas mayoritarias son de la oposición, y le han negado sucesivamente la aprobación de sus más importantes proyectos de ley, que el presidente ha impuesto mediante decretos, forma de Gobierno que ha anunciado mantendrá para zafarse las manos que le atan los congresistas opositores.
La progresista UNES, de la que Arauz fue candidato, es la primera fuerza legislativa con 49 curules; detrás le sigue Pachakutik con 27, Izquierda Democrática, 18; el Partido Socialcristiano, 17, y finalmente el gubernamental CREO, con 12.
Sin embargo, a los decretos han respondido colectivos civiles que anunciaron el mes pasado la posibilidad de recoger firmas para impulsar la revocación del mandato de Lasso y su vicepresidente, Alfredo Borrego.
La denominada Coordinadora Popular Revocatoria de Quito, donde se agrupan esas fuerzas, alegó que el mandatario y su segundo han violado 75 pactos presentados durante su campaña electoral como parte del plan de gobierno.
Según la Constitución, para que el pedido de revocación fuera atendido debía estar avalado por las firmas del 15 por ciento de los inscritos en el padrón electoral. Pero los diputados de UNES se han adelantado.
Oídos Sordos
El diálogo que piden los movilizados no ha cuajado porque la represión sustituyó en los primeros diez días de paro nacional, la posibilidad de conversaciones que abordaran el pliego de demandas planteado por los indígenas.
Después, el ejecutivo pareció amagar con ir a la mesa, pero la Conaie exigió garantías que incluían el cese de los actos represivos y de la criminalización de las protestas, así como el levantamiento del estado de excepción, que fue ampliado a mediados de semana mientras se incrementaba la presencia de militares y policías en las calles.
Hasta este sábado se reportaban entre cuatro y cinco muertos y unos 150 heridos, y había signos de una actuación más feroz que el deseo de levantar los bloqueos de caminos, porque se ha denunciado que solo durante una noche hubo 16 personas con impactos en el cráneo y los ojos, como cuando se apunta deliberadamente para infligir daños de consideración…
Fuentes defensoras de los derechos humanos dieron cuenta de «crisis» ante las denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos, y criminalización de manifestantes, periodistas y personas
defensoras, precisamente, del derecho a la vida, y exhortaron al ejecutivo a analizar las causas del malestar social.
Los reclamos incluidos en el pliego de diez puntos de la Conaie abarcan un amplio espectro que rebasa, obviamente, la situación creada en todo el mundo por el encarecimiento de los combustibles, debido al alza del petróleo que han generado las medidas punitivas de EE. UU. y la OTAN contra Rusia. Y es que el de los manifestantes no es un disgusto coyuntural, se trata de la no aceptación de una política.
Entre los reclamos definitorios para el futuro del país se hallan el pedido de un alto a la privatización de los sectores estratégicos de la economía nacional, precios justos en el campo, empleo y derechos laborales, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva de manera de proteger los recursos naturales y los territorios, mayores presupuestos a la salud y la educación, y seguridad, protección y políticas públicas para detener la violencia.
En el oficialismo hay percepción del peligro. El ministro de Defensa, Luis Lara, ha dicho que «la democracia de Ecuador está en serio riesgo ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos…».
Fue esa una declaración con doble filo que dio cuenta del riesgo que se cierne sobre la gobernabilidad; pero volvió a inculpar a los insatisfechos y justificó la mano dura contra ellos que poco después refrendó Lasso, anunciando mayor represión.
Una de las variantes de lo que depararía el futuro podría estar en la opinión vertida en Twitter por el expresidente Rafael Correa, quien ha estimado que «quedará un Gobierno en muerte clínica, con menos del 20 por ciento de apoyo. Si Lasso tuviera algo de responsabilidad y amor patrio, pondría su cargo a consideración, con art.148 de la Constitución. Como no lo va a hacer, tendremos que reunir firmas para revocatoria», exhortó.
El Gobierno podrá ser revocado en la Asamblea Nacional o no, pues resultará difícil reunir los votos necesarios. En ese caso, el lazo seguirá bullendo.
