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Para sortear los escollos, Pedro Castillo cuenta con la salvaguarda del pueblo que le sigue. Foto: Perú Libre Autor: Perú Libre Publicado: 07/08/2021 | 10:34 pm
Se sabía que el camino de Pedro Castillo hacia el cambio en Perú, podría ser más escarpado que los mismísimos senderos usados para llegar a su escuelita rural en la montañosa Cajamarca.
Campesino, él es un hombre entrenado para recorrer largos y empinados trechos. Pero desandarlos resulta más escabroso si es preciso hacerlo con obstáculos antepuestos exprofeso, y tomando el cuidado de no remover, de golpe, piedras grandes que originarían un aluvión.
Los peligros de deslave parecieran verse por todas partes. Las tempranas reticencias de parte del nuevo Congreso para aprobar su gabinete, y las amenazas de algunos legisladores de la oposición de recurrir a la conocida figura de la vacancia para deponer al mandatario si pretendiera imponer a sus ministros, suponen el primer escollo para un presidente que tiene su principal y más difícil misión allá, en la instalación de una Asamblea Constituyente.
Para llegar hasta ese punto será preciso primero salvar los senderos en que se asienta la institucionalidad, que por su precariedad ha sido, precisamente, uno de los talones de Aquiles de la democracia peruana reciente.
A pesar de la sanguinolencia que destilan algunas bancadas derechistas —principalmente la de Renovación Popular (RP), más beligerante en el hemiciclo que la de la mismísima Fuerza Perú, liderada por la empecinada rival Keiko Fujimori—, debe esperarse que aquellas piensen bien antes de una decisión precipitada.
Los legisladores de RP y quienes les siguen no deben haber olvidado las masivas protestas que generó, en noviembre de 2020, la aplicación de la misma figura jurídica —«vacancia», un modo eufemístico de nombrar una democión «justificada»—, cuando se usó para sacar al entonces presidente Martín Vizcarra.
Aquella reacción se podría repetir si se diera ese golpe legislativo ahora, y con mucha más fuerza y organización: la savia del voto por Pedro Castillo se alimentó precisamente de aquellas manifestaciones, que canalizaron el descontento al repudiar, primero, la forma irresponsable y artera en que el Congreso manejó los hilos de la gobernanza, demoviendo a su antojo. Y terminaron por vaciar las insatisfacciones del pueblo hasta catalizar el pedido de la nueva Constitución.
Frente a la eventualidad de que, todavía con aquellos acontecimientos frescos, el nuevo Parlamento repitiera los errados pasos de quienes les antecedieron, el presidente Pedro Castillo podría adelantarse y disolver el legislativo, si este insiste en no aprobarle a sus ministros. Sería cosa de ver quién da primero, pues el Congreso también podría intentar ponerlo en «vacancia» por «incapacidad moral permanente».
Sin embargo, todavía es muy probable que el alud de agresiones contra el nuevo Gobierno no llegue a ese punto. En una actitud inteligente que busca evitar el gran estropicio de un golpe con incalculable reacción popular, la titular del Parlamento, la derechista María del Carmen Alva, ha dicho que «sería preocupante que se niegue la confianza (habla del visto bueno al gabinete) en esta coyuntura».
Para que los ministros nombrados por Castillo reciban el aval legislativo bastaría que este le sea otorgado al presidente del Consejo de Ministros, el primer ministro Guido Bellido, un abogado andino que habla quechua y es cuestionado por alegada promoción del terrorismo, acusación tomada por los pelos, con base en la declaración descontextualizada de una entrevista que concedió hace tiempo.
No es Bellido el único ministro al que tienen ojerizas, pero sí el más importante entre el grupo de cinco jefes de cartera que se impugnan. Si el premier no es aprobado, el gabinete en pleno, integrado por figuras capaces «pero» identificadas o cercanas a la izquierda, debería renunciar.
Para que todos pasen, Bellido deberá obtener el voto de 66 de los 130 legisladores con que cuenta el Parlamento. Perú Libre, el partido en el poder y el de mayor bancada, tiene 37, y su aliado Fuerza Perú, de Veronika Mendoza, apenas cinco, por lo cual será preciso ganar otros respaldos en un Congreso atomizado por la presencia de diez fuerzas políticas de las cuales Acción Popular, la tercera minoría con 16 asientos después de los 24 del fujimorista Fuerza Popular, parece el más dispuesto a ofrecerlo. Otros partidos minoritarios podrían sumarse.
Ante esa coyuntura, la estrategia del nuevo mandato sigue siendo el diálogo, que constituyó la práctica de Pedro Castillo mientras afinaba su estreno en el largo mes y medio que demoró su proclamación, con la paciente y difícil misión de allanar los caminos y suavizar los discursos para acercar posiciones, bajo la premisa del consenso antes que la confrontación.
Bellido inició ya conversaciones, cumpliendo el anuncio que formuló durante una entrevista concedida esta semana. «(…)Todos tenemos que tener amplitud, porque por delante está el país, están los problemas que tienen nuestros hermanos(…) Hoy, el mecanismo democrático es: escuchar, llegar a acuerdos, orientados a resolver los problemas del país, y volver a sentarnos».
¿Será oído?
Vladimir Cerrón, declarado socialista que fundó y es titular de Perú Libre, cirujano y exgobernador en la mirilla de la derecha bajo acusaciones no probadas que le tienen abierto un expediente judicial, ha descrito lo que ocurre con esta aseveración publicada en su cuenta en Twitter: «Qué manera de incitar la persecución, decir que tienen las armas democráticas para detenernos, solo porque un gobierno genuinamente del pueblo se ha instalado».
Otro tuit del hombre a quien se le exige apartarse del Gobierno, es aún más elocuente: «El tema vacancia se ha convertido en la expresión de la intolerancia a la izquierda, al provinciano, a lo andino y a los cambios para lograr un país más equitativo. El resto es puro pretexto».
El desafío de transformar
Aunque se habla de un país polarizado tomando en cuenta lo parejo de la votación entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori —44 058 votos de estrecha pero sólida diferencia— las bases que le apoyan serán, en última instancia, el valladar de protección más importante para el acosado Gobierno.
El respeto a la fuerza popular, demostrada durante la pacífica resistencia y defensa del voto frente a las maniobras de Keiko Fujimori, constituye el primer baluarte para disuadir a los golpistas encubiertos.
Esas bases podrían decidir la materialización de la añorada Asamblea Constituyente si esta se somete, como quiere el mandatario, a referendo popular, aunque la convocatoria a la propia consulta debería ser aprobada por el Congreso.
La actual Carta Magna no prevé el referendo, sino una reforma constitucional a cargo del legislativo, norma que Castillo ha dicho que va a respetar, poniendo el proyecto de convocatoria a consideración del Parlamento. Pero también ha recordado que el poder constituyente originario emana del pueblo «y no de los gobernantes ni de las autoridades». Y, según el Tribunal Constitucional, ese poder debe ser ejercido exclusivamente por el pueblo mediante el referendo.
El asunto ya ha estado en el debate de los juristas, y algunos han señalado que la consulta puede abrirse mediante una solicitud que suscriba el diez por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años, lo que permitiría que fuera el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la instancia que llame a la consulta.
Dichos trámites podrían aguardar o constatarse luego de que pase el conflicto creado por las bancadas de oposición en torno al Consejo de Ministros. Pero las muchas transformaciones ratificadas por el gobernante durante su discurso de toma de posesión, ya se emprenden.
Algunas de las maneras en que el ejecutivo irá desarticulando el modelo neoliberal e instaurando otro esquema son singulares e innovadoras, como lo que Pedro Castillo ha llamado rentabilidad social, mediante la cual pretende que todas las inversiones en la economía tengan un beneficio allí en el área de la localidad donde se realiza, para sus gentes.
Mayor participación del Estado en la economía sin estatizar, y promoción de su participación en los negocios como socio mayoritario frente a los que ponen el capital y hasta ahora se llevan la mayor parte de lo que proporcionan los recursos peruanos, constituyen otras decisiones que demandarán «un nuevo pacto» con los inversionistas privados.
De esas y otras medidas dependerá que el Estado tenga recursos para acometer lo primero que quiere la mayoría: cerrar la brecha social sin hacer naufragar la estabilidad de la macroeconomía.
Tal aspiración, y los anunciados cambios en salud y educación, constituyen el ABC en la cartilla del profesor Pedro Castillo. Pero la tarea es larga: en su manual de transformaciones, esa sería solo la primera lección.
