De teléfono a teléfono se corrió la voz: a un vecino de las afueras de Madrid, desempleado e imposibilitado de pagar la hipoteca de su vivienda, las autoridades vendrían a desahuciarlo de un momento a otro. Entonces, grupos de «indignados» —el movimiento popular nacido hace casi dos meses, que aboga por modificar los móviles que han llevado a España a la actual crisis— se congregaron ante la casa para boicotear el desalojo. Y los que venían con la orden de embargo debieron volverse por el mismo caminito.
La escena se ha repetido varias veces en estos días. Y es la presión que ha llevado a crear una comisión del Congreso de los Diputados para analizar si los bancos no tendrían que darse por pagados cuando un propietario en mala situación económica les entrega la vivienda.
Parecería lo lógico, pero bajo la actual ley hipotecaria, el banco no admite la vivienda «y ya». No: además de la tremenda desgracia que supone estar en paro y desalojado, el ex propietario no disfruta de un mínimo de tranquilidad, pues el banco se encarga de quitarle cualquier otro ingreso, hasta que liquide su «deuda».
Ejemplifiquemos. El señor Francisco, proyectista, adquirió un préstamo de 200 000 euros para comprarse un apartamento. Pero llegó la crisis, su empresa le enseñó la puerta de salida y él no pudo asumir la mensualidad. El señor Francisco pasó a ser simplemente Pancho, y debía entregar la casa. Pero como el precio de esta había descendido a 160 000 euros, Pancho, aun en la calle y sin llavín, «debe» todavía 40 000 euros, y primero se juntan el cielo con la tierra antes de que el banco lo deje en paz.
Un dibujo animado, titulado Españistán y la burbuja inmobiliaria, circula por Internet y explica muy bien el origen del marasmo que afecta a tantas familias. Al ex jefe de Gobierno del Partido Popular, José María Aznar (1996-2004), se le apareció un día el «dios del neoliberalismo» y le obsequió una ley fatal: la del Suelo, de 1998. En esta, que aún permanece en vigor, se declaraba que todo el suelo era urbanizable, bajo la «buena intención» de que, mientras más viviendas se construyeran, los precios bajarían y se harían accesibles a los jóvenes deseosos de formar familia.
Esa política de edificar irracionalmente —el país ibérico construyó en diez años unas 5,5 millones de viviendas, más que Francia, Alemania e Italia juntas— hizo de la construcción uno de los principales motores económicos y sacó de las aulas a miles de jóvenes que vieron en el ladrillo la vía al dinero fácil. En cuanto a los precios, no cayeron: la especulación los disparó inimaginablemente.
Cuando estalló la crisis, la actividad constructiva se detuvo bruscamente y un millón de empleos vinculados al sector se fueron a bolina en lo que canta un gallo. El viajero que recorre la costa mediterránea entre Cartagena (Murcia) y Barcelona (Cataluña) aprecia muy nítidamente la huella de la euforia de antaño, con montones de edificios levantados a escasísima distancia del litoral, y tal vez cientos o miles de apartamentos que no hay a quién venderlos. Según cifras recientes, son casi 700 000 las viviendas que hoy no encuentran comprador en España.
Y presumiblemente tardarán en aparecer, con tanta gente en paro (4,9 millones) y con un registro de 293 000 embargos hipotecarios en tres años. Quizá por ello, y para rebajar la enorme presión social, la clase política pretende instalar válvulas de escape. La semana pasada, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero decretó una elevación de la suma que el banco no puede embargar de los ingresos de un ex propietario: de 641 a 961 euros.
Un paso correcto, sin duda. Pero para que los afectados «respiren mejor», hace falta más. Como la devolución en pago. Si hoy se discute en el Congreso —pese a que poco tiempo atrás los socialistas y el PP la rechazaron de plano— es que la vida demuestra que son muy pocas las líneas rojas.
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