Bolivia: una guerra no declarada

Actores internos y externos se dan la mano en una estrategia subversiva que tiene como base la manipulación de la realidad. En ese marco, se realizan los inéditos comicios para renovar el poder judicial

Autor:

Marina Menéndez Quintero

Aunque los marchistas movilizados inicialmente contra la carretera que uniría a los departamentos de Beni y Cochabamba han dicho que no pretenden influir en las elecciones judiciales de hoy y, por eso, postergaron su arribo a La Paz hasta después de los comicios, el conflicto alrededor del proyecto derechista gubernamental, aupado por la oposición con el concurso de medios nacionales y extranjeros que lo han llevado al extremo de cuasi escándalo internacional, son el telón de fondo de la votación en Bolivia.

Sabremos este domingo cuánto el dilema influyó sobre los inscritos para esta histórica cita, que constituye otra evidencia de los nuevos derechos otorgados al pueblo boliviano, y paso con el que se concreta la reforma del sistema judicial corrupto que le dejaron a Evo en 2006.

Por primera vez a los ciudadanos les es permitido sufragar para escoger a los miembros del Tribunal Constitucional, del Supremo de Justicia, el Agroambiental, y a los jueces del Consejo de la Magistratura, una nominación que descansaba hasta ahora en las propuestas de los distintos partidos políticos.

Retardando su llegada a la capital después de este domingo, los inconformes con la vía tratan de desligarse de los señalamientos gubernamentales que los acusaron de querer frustrar la elección y, de paso, no opacarán un acto de tanta trascendencia política.

Pero la lectura del retraso de la marcha podría ser peor, pues corrobora que los propósitos detrás de la movilización —sean conscientes de ello o no todos sus protagonistas— exceden las elecciones, y hasta la construcción de la propia carretera.

Nada les conforma. Una reciente ley aprobada mayoritariamente en el legislativo y que prohíbe la continuación del proyecto hasta que sea consultado con los vecinos de los puntos que tocará la vía interdepartamental fue rechazada por los movilizados, quienes van por más y exigen una legislación que prohíba la carretera, así como han desconocido los reiterados intentos del Gobierno de conversar para buscar consensos, que se cuentan en una decena.

A estas alturas, el panorama muestra todas las trazas de que el disgusto con la vía ha sido manipulado para conspirar contra la refundación y su líder, Evo Morales, desde dentro y desde fuera de Bolivia.

Envenenando la unidad

¿Hasta dónde los poderes opositores y mediáticos lograrán envenenar a los indígenas y campesinos que, motivados por la preocupación inicial de los eventuales daños ambientales que pudiera ocasionar la carretera, iniciaron la marcha?

Eso es lo que está por esclarecerse cuando el descontento ha sido puesto a crecer echándolo a rodar cuesta abajo, como una verdadera bola de nieve a la que se le han sumado todas las demandas que se pudieran juntar, en el artero afán de captar a diversos sectores. Así se le quiere robar la base social a Evo.

Quizá la prueba más fehaciente de que está en marcha una estratagema contra la refundación, sean los ¡16! puntos llevados por los movilizados a los primeros amagos negociadores con los representantes del Gobierno, entre los que se encontraba, de manera inaudita, la demanda de paralización de todas las actividades carburíferas del Estado, y de la extracción de gas en la localidad de Aguaragüe, cuyas reservas representan el 90 por ciento del total que se explota en el país. De ese modo se trata de confundir la protección de la Pachamama —la Madre Tierra venerada por Evo— con el abandono de los recién recuperados recursos naturales que han hecho crecer al país y permitido poner en marcha los proyectos sociales que benefician a esos mismos que hoy protestan.

El verdadero detonante, sin embargo, llegaría después y no podría ser más peligroso. Todavía se indaga cómo se le activó: la represión policial contra los marchistas, de la que se dolió el propio Morales, y cuyo origen todavía se esclarece. El suceso violento, magnificado por buena parte de la prensa, va enfilado directamente contra el ejecutivo, que no la ordenó y, por el contrario, instruyó una comisión investigadora para aclarar los acontecimientos.

Los hechos acarrearon de inmediato las renuncias del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, apartándose —dijo— para no hacer el juego a la derecha en sus ataques al Palacio de Quemado y dejar que saliera a la luz la verdad, y de la titular de Defensa, María Cecilia Chacón. Dos personalidades serían demovidas más tarde a medida que avanzaban las investigaciones: el rector de la Universidad Policial, Oscar Chávez Rueda, quien dirigía parte del contingente que reprimió a los marchistas el 25 de septiembre en el puente San Lorenzo, a unos tres kilómetros de la localidad de Yucumo, y quien ha sido puesto ahora a disposición de la Fiscalía, así como Oscar Muñoz, subcomandante de la Policía.

Fue aquel ataque el suceso que, buscando ese propósito o no, terminaría la obra de los manipuladores. Medios locales hablaron hasta de un bebé muerto cuando, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales, mientras, a largo plazo, otros diarios, radioemisoras o sitios web, trataban de entronizar la tesis de un Presidente indígena que «ataca» a su gente.

Así, importantes actores sociales como los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) se sumaron increíblemente a los actos de solidaridad con los reprimidos, decretando paros y movilizaciones.

La campaña es realmente sórdida y perversa, y vuelve a poner en juego la demostrada capacidad de Evo y el Movimiento al Socialismo (MAS) para aglutinar, y sortear una agresión silenciosa que puede ser tan fuerte como el intento escisionista de los prefectos de la llamada Media Luna, allá por los años 2007 y 2008. Los tergiversadores están tratando de fraccionar y enfrentar a los indígenas que constituyen el motivo de ser y la esencia misma de la refundación boliviana. Aunque algunos periodistas locales hayan dicho en los últimos días lo contrario.

La respuesta, sin embargo, no se haría esperar. El pasado miércoles 12 de octubre, decretado Día de la Descolonización en Bolivia, medio millón de personas entre quienes se contaban campesinos, indígenas, estudiantes, mujeres organizadas y mineros provenientes de distintos lugares del país, acudían a la plaza Villarroel, de La Paz, para manifestar su respaldo al Gobierno y a Morales, quien alertó contra los intentos de dividir e invitó a la formulación de un nuevo pacto social en diciembre próximo.

Trescientos cincuenta organizaciones bolivianas apoyan la propuesta de la carretera interdepartamental desde Villa Tunari hasta San Ignacio de los Moxos.

Mentira sobre mentira

Políticos del derechista partido Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina y del llamado Movimiento Sin Miedo, que lidera Juan del Granado, así como los gobernadores de Beni y Santa Cruz, han sido citados entre los artífices y beneficiarios de la cruzada, que podría incluso tener punto de mira en las elecciones presidenciales del todavía lejano 2014, cual modo de ir desgastando a Evo.

Para esa erosión se fabricaron mentiras que dieran al traste con el proyecto de la carretera. Mientras el ejecutivo argumenta su construcción en la necesidad de interconectar e integrar al país para posibilitar no solo el desarrollo sino, incluso, el acceso a los servicios de salud y la educación a las comunidades más apartadas; los otros exageran los presuntos daños que la vía originaría a la naturaleza y, concretamente, al parque natural Isiboro Sécure. También se han magnificado sus costos e infraestructura y, lo que es aun más ilegítimo, se le ha presentado como una concesión al capital extranjero, lo que el vicepresidente Álvaro García Linera ha desmentido de manera reiterada. La carretera será boliviana. Igualmente, ha asegurado que la deforestación será mínima.

Claro que no todo ha quedado dentro de casa. Existen pruebas de llamadas telefónicas durante la caminata entre algunos de sus dirigentes y la Embajada norteamericana en La Paz. Eso, sin contar la labor de zapa realizada desde hace años por la llamada Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y su presunta labor de formación de «líderes sociales» con la que busca la subversión en Bolivia. Según uno de los desclasificados realizados por la que para muchos es la temida WikiLeaks, la USAID se enfila enfáticamente hacia las comunidades indígenas bolivianas con el propósito de apartarlas del proceso de cambios que lidera Morales.

La campaña ha alcanzado tanto vuelo, que incluso la representante de la ONU en Bolivia, la japonesa Yoriko Yasukawa se atrevió a opinar, proponiendo una solución de las diferencias de manera dialogada —el Gobierno lo ha intentado, infructuosamente—, y un grupo de lobby internacional conocido como Avaaz osó enviar una carta a Morales «alertándole» de que la vía permitiría que empresas extranjeras se «repartan» la Amazonía. Tal advertencia constituye no menos que un irrespeto a un mandatario que hizo de la nacionalización de los recursos naturales su primer acto de gobierno, y encabeza la vanguardia política en la lucha mundial por salvar al planeta.

«Guerra de cuarta generación», así ha llamado el analista y abogado boliviano Hugo Moldiz a esta manera vergonzosa de emponzoñar: una estrategia subversiva que tiene en los medios de comunicación y en las redes sociales sus instrumentos de dominación, como ocurre hoy en muchos países de América Latina donde la prensa emerge como un nuevo actor político en el entramado nacional.

Frente a los espejos que quieren desdibujar la realidad, el reto para los bolivianos es mantenerse unidos alrededor de un Gobierno que tiene su razón de ser, precisamente, en esa población indígena que se ha escogido como blanco de las manipulaciones.

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