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Los ciudadanos de Venezuela acudirán a las urnas el 28 de julio. Autor: Tomado de Internet Publicado: 09/03/2024 | 09:31 pm
El banderillazo de largada ya fue dado: aunque el cronograma del proceso electoral venezolano abrirá el próximo día 21 con la apertura de las postulaciones, el hecho de que las presidenciales tengan fecha para el cercano 28 de julio ha puesto al país, desde ahora, de cara a ese acontecimiento.
La noticia fue dada a conocer esta semana por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y aboca a Venezuela al suceso más trascendental que vivirá este año.
Todas las elecciones, presidenciales, regionales, legislativas o constituyentes que han tenido lugar allí desde la fundación de lo que Hugo Chávez llamó la V República, han revestido un cariz plebiscitario para un proceso que se desarrolla bajo asedio, y que se ha relegitimado en las urnas una y otra vez, de manera transparente.
La democracia ha sido la mejor arma de la Revolución pacífica que Chávez anunció tras su llegada al poder en febrero de 1999.
Frente a la guerra no convencional que se le hace a la Revolución Bolivariana desde el Norte —en algunos momentos, con el apoyo de otros países de Occidente— los procesos electorales han resultado un valladar frente a los intentos de desconocer a sus autoridades.
Junto a las medidas coercitivas, esa modalidad da vida a la guerra económica: el estilo más reciente de una agresión que acudió primero al intento de golpe de Estado, y ha transitado por el aliento a la violencia callejera, el mercenarismo y proyectos magnicidas que no fructificaron, entre otras agresiones para las que aquellos propósitos han contado con el respaldo de amplios sectores de la derecha nacional.
El último golpe sufrido por ellos fue el fracaso del presunto «interinato» de Juan Guaidó, un plan de la administración de Donald Trump cuya muerte fue certificada en diciembre de 2022.
El afán del Gobierno de enrumbar las diferencias por la vía política, la resistencia del Estado y del pueblo frente a la agresión económica, abrieron las puertas al diálogo con esa parte de la oposición.
No obstante, el empeño de dichos sectores en inscribir como su candidata a la política María Corina Machado, inhabilitada desde el año 2015, no se sabe dónde podría dejar sus intereses.
En las semanas recientes, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó en dos ocasiones la medida adoptada por la Contraloría, luego de que Machado se presentara ante una asamblea extraordinaria de la OEA en que se analizaría el caso venezolano, inexplicablemente, como representante alterna de Panamá.
A ello se agregan otros cargos que la vinculan con el desfalco al Estado venezolano personificado en Guaidó, como cara visible en su momento del ilegal congelamiento de los bienes venezolanos en el exterior, que ascienden a entre 24 000 millones y 30 000 millones de dólares en valores.
El dinero fue puesto en manos del denominado «Presidente interino» durante la administración de Trump, como parte de las denominadas sanciones que se mantienen sobre el país.
A pocos días de que abra el período de inscripción de candidatos, todavía no se sabe la actitud que adoptará la Plataforma Unitaria Democrática donde se reúnen esos partidos.
¿Postulará a otro candidato distinto a la política derechista, que resultó escogida en primarias realizadas el año pasado fuera del marco del CNE, cuando ya pesaba sobre ella la prohibición de ocupar cargos públicos?
¿O no participará la Plataforma, como hizo esa derecha en los comicios de 2018, para desconocer el proceso luego de su antidemocrático llamado a la abstención?
A fines de febrero, la coalición publicó en la red social X cinco peticiones con vistas a estas presidenciales. Algunas de ellas son de cumplimiento tradicional para el CNE, como la actualización del Registro Electoral, que ya tiene fecha en el cronograma entre el próximo día 18 y el 16 de abril; la realización de auditorías que son habituales en el eficiente sistema automatizado venezolano, o el reclamo de la también acostumbrada presencia internacional, que para Venezuela no constituye observación, sino acompañamiento, y acaba de ser anunciada por el ente comicial.
El CNE invitó el jueves a diversos organismos internacionales, entre los que se cuentan la Unión Europea y el Centro Carter, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Comunidad del Caribe (Caricom), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Panel de Expertos de la ONU y la Unión Africana, entre otros.
Sin embargo, otras peticiones de la Plataforma parecen de más difícil cumplimiento, como la habilitación de políticos o partidos que, por causas fundadas por las autoridades judiciales, no están autorizados para ello.
Caballo de batalla
La negativa del alto tribunal de Justicia a variar la medida que pesa contra Machado promete convertirse —o ya se ha convertido— en el punto de pivote para que, quienes aspiran a desbancar el poder bolivariano, cuestionen estas presidenciales.
A ello ha echado mano la administración de Joe Biden como nueva forma de presión que injiere en el proceso electoral venezolano, cuando reinstaló algunas de las medidas de asedio que había «suavizado» a lo largo de los dos últimos años.
Hay razones fundadas para pensar que lo seguirá haciendo. El «argumento», tanto de EE. UU. como de la derecha local, es el presunto incumplimiento por el Gobierno venezolano de los acuerdos adoptados en la más reciente jornada de diálogo con la oposición, celebrada en octubre pasado, en Barbados, y a la que los representantes de la Plataforma arribaron contando ya con un incumplimiento de su parte: la no entrega de 3 000 millones de dólares de los activos en el exterior congelados a Venezuela, para engrosar un Fondo Social que ayudaría a paliar los daños ocasionados en la población por las sanciones.
No obstante, la jornada concluyó con nuevos e importantes acuerdos referidos, según trascendió, a la protección de los intereses vitales de la nación, un enunciado que obviamente se refiere a los bienes congelados a Venezuela y las medidas que presionan su economía, y un denominado acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales.
Mientras los voceros de la Plataforma divulgaban en las redes sociales que el segundo postulado contemplaba, entre otros aspectos, «una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad», el jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez, aclaraba textualmente, en declaraciones ofrecidas al término de la ronda, que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos —se refería a las elecciones—, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, y conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución», reportaron medios de prensa.
Desde entonces Rodríguez advirtió del intento de sembrar una matriz de opinión para «subvertir la verdad» de lo contenido en los acuerdos.
Acusar ahora a Caracas de incumplir lo firmado sería el asidero para recrudecer el cerco económico contra Venezuela, y desconocer el resultado electoral.
El motivo «legal» que sustenta las sanciones ha vuelto a ser revalidado por Washington, al prolongar por otro año el decreto que califica de forma absurda a la nación bolivariana como «un peligro para la seguridad nacional» de Estados Unidos, tal cual lo impuso Barack Obama en el año 2015.
La confrontación quedó formalmente declarada por la Casa Blanca desde entonces. Estamos ante otra pulseada.
